¿En qué consistió la Estafa Maestra? de Pemex
La Secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval detalló que el modus operandi de los convenios celebrados por al menos tres funcionarios de Pemex para el desvío de recursos públicos consistió en dispersar los recursos recibidos a través de subcontratar a instituciones públicas de educación superior que a su vez subcontrataban a otras empresas.
Los servidores públicos involucrados son Miguel Ángel Lozada Aguilar, actual director de Pemex Exploración y Producción; Luis Galván Arcos, actual gerente de control financiero y Héctor Salgado Castro, actual subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex. La investigación de la Función Pública arrojó que participaron como firmantes de 25 contratos desde los cargos que ocupaban entre 2012 y 2018.
Los tres señalados ya fueron separados de sus cargos, informó en conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las empresas beneficiadas de los recursos del Estado están ligadas a los propios servidores públicos o personas cercanas a ellos eran socios directos. Además, se localizaron empresas fantasma o que simularon la realización de trabajos.
Lo anterior violó el artículo 75 de la Ley de Petróleos Mexicanos y el 134 Constitucional, ya que permitieron la elevación de precios y no aseguraron las mejores condiciones para el Estado mexicano.
La estafa fue maestra, porque el entramado a partir del cual se operó pretendió ser de perfecta legalidad, aunque con deficiente moralidad», Irma Sandoval Ballesteros.
Un par de ejemplos del modus operandi..
Uno de los contratos que celebró Pemex Exploración y Producción por medio de Loza Aguilar con la Universidad Popular de la Chontalpa tuvo por objeto realizar servicios de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos. El monto máximo que Pemex estaba autorizado a ejercer era de 140 millones de pesos y el mínimo de 91 millones, sin embargo, el costo real de este contrato rebasó el límite permitido y equivalió a 145 millones 841 mil 041 pesos.
Además la Auditoría Superior de la Federación comprobó que la universidad no contaba con capacidad para prestar lo servicios establecidos en el convenio, por lo que subcontrató a terceros quienes a su vez tampoco tenían la capacidad y subcontrataron otros servicios.
En el caso de uno de los convenios firmados por Héctor Salgado Castro, se detectó que el monto máximo autorizado era de 80 millones de pesos, pero el costo real fue de 99 millones 935 mil 551 pesos pagados en 20 órdenes de servicios al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, el cual se comprometió a no subcontratar. La institución faltó al compromiso firmado, al subcontratar el 93% de los servicios.
Por otro lado los cheques emitidos por 4 empresas subcontratadas fueron cobrados por una misma persona física sin que se acreditara cuál era su participación dentro de las empresas.
El daño al patrimonio público
Sandoval Ballesteros hizo hincapié en que el daño al patrimonio público por estos desvió puede ser «muchísimo más importante» del cuantificado hasta el momento, pues de acuerdo con la revisión de las cuentas públicas 2013-2014, la Auditoria Superior de la Federación, se detectó un desvió por 7 mil 667 millones de pesos en una muestra de 73 convenios con 8 instituciones de educación superior analizados, pues representa sólo el 6.4% del universo susceptible de fiscalización de los contratos que estableció la empresa productiva del Estado con las la universidades.
señaló en su muestra de 73 convenios con 8 instituciones públicas de educación superior que huboun desvio por 7 mil 667 millones de pesos por lo que se presume que el daño al patrimonio público puede ser muchísimo más importante dado que la revisión se concentró en el 6.4% del monto posible a ser fiscalizado entre Pemex y las instituciones.
