Plan de AMLO vs desaparición forzada, 11 puntos: ¿de qué van?

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), anunciaron la Estrategia Nacional para Combatir la Desaparición Forzada en el país, delito que, de acuerdo con los datos ofrecidos, registra 40 mil personas de las que se desconoce su paradero. Y aunque en la pasada Legislatura se avaló la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, su implementación y el trabajo en los estados sigue siendo un pendiente, situación que le corresponderá a la nueva administración resolver.

Por ello, de las acciones anunciadas por el gobierno encabezado por López Obrador está la colaboración con los tres niveles de gobierno, así como la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), en el que se busca la participación de los familiares de las víctimas en el diseño de políticas y protocolos para la búsqueda, localización, e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, el cual se prevé instalar en el mes de marzo.

¿Cuáles son los 11 puntos de la estrategia de AMLO?

La estrategia que presentó la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó 11 puntos a implementar con los que buscan combatir la desaparición forzada. En voz de Alejandro Encinas, se informó que el plan derivó de una serie de consultas, que se iniciaron desde el periodo de transición, colectivos que atienden a las víctimas, con familiares de las víctimas y atendiendo también las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Encinas Rodríguez manifestó que pese a los avances, como la elaboración de leyes, la implementación es el gran pendiente, pues no se han cumplido los objetivos planteados, incluso acusó que “se ha caído en una profunda simulación”.

1. Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB).

Que consiste en diseñar, con la participación de las familias de las víctimas, las bases generales, políticas públicas y procedimientos en los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización, e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como prevenir, investigar y sancionar estos delitos.

Será el próximo viernes que se defina quién ocupará el cargo, por ello, entre lunes y miércoles se llevarán a cabo las entrevistas a los 11 candidatos que buscan presidir la Comisión.

El próximo titular de la CNB tendrá como función diseñar, proponer y ejecutar, con la participación de las familias de las personas desaparecidas, Organizaciones de la Sociedad Civil y expertos el plan de implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

La Segob busca conformar las 24 comisiones locales que faltan en los estados, pues, a más de un año de haberse publicado la Ley General, solo hay ocho conformadasen su totalidad:

• Coahuila.
• Estado de México.
• Guerrero.
• Jalisco.
• Nayarit.
• Nuevo León.
• San Luis Potosí.
• Querétaro.

Además se cuentan con 4 Comisiones en decreto, pero que no cuentan con titular:

• Baja California.
• Tamaulipas.
• Tlaxcala.
• Veracruz.

4. El cuarto punto es que la Comisión Nacional de Búsqueda ejerza de manera óptima el presupuesto asignado para este 2019, que contará con 400 millones de pesos.

Alejandro Encinas reclamó que en 2018 solo se ejercieron 6 millones de pesos de los 468 millones 946 mil pesos asignados. Lo que derivó en no solo la falta de desarrollo de las capacidades técnicas, institucionales para la búsqueda, a las limitaciones tecnológicas para hacerlo, sino también en limitaciones en recursos humanos y el retraso en la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas.

Además que se trabaja con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que desde del Sistema Nacional de Seguridad se pueda acceder a los 7 mil 500 millones del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública en los estados, para desarrollar las capacidades en materia de:

• Identificación forense.
• Búsqueda, exhumación e identificación que tenga un Sistema Único de Información.

En este punto, se elaborarán protocolos homologados de investigación de delitos de desaparición forzada, de búsqueda y otros con enfoque diferenciado, a través de las consultas a los colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y expertos nacionales e internacionales. Además de recibir retroalimentación del Ministerio público, Policía Ministerial y operadores de justicia.

6. Coordinación y Células de Búsqueda en Vida.

En este punto se pretende impulsar tareas de carácter preventivo para recuperar a personas que todavía pudieran estar en condición de vida frente a actos de desaparición forzada y trata de personas, a través de un mecanismo de coordinación nacional que incluya la participación de las fiscalías y policías locales, la Fiscalía Federal de la República, las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas.

También se plantea atención a migrantes, particularmente en rutas de riesgo, que incluya protocolos de actuación que se aplicarán con instituciones responsables de la seguridad pública, pues se detalló que entre 8 y 10 por ciento de los desaparecidos son migrantes centroamericanos.

A través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hacer más efectiva la respuesta a partir de:

• Fortalecer y revisar mecanismos de protección a defensores y periodistas.
• Acompañamiento permanente en búsqueda en campo.
• Impulsar la creación de los 12 CEAVs locales faltantes.

8. Creación del Instituto Nacional de Identificación Forense (INAID).

Con el fin de crear un sistema nacional de coordinación de todos los servicios forensesen el país, que se prevé esté listo en marzo. Para dicho objetivo participarán:

• Comité Internacional de la Cruz Roja.
• Escuela Nacional de Antropología.
• Agencias de las Naciones Unidas.
• Equipo Argentino de Antropología Forense.

El propósito es la creación de un sistema de información a partir de:

• Registro Nacional de Personas desaparecidas o no localizadas.
• Banco Nacional de Datos Forenses.
• Registro Nacional de Personas Fallecidas no identificadas y no reclamadas.

Para dicho propósito se hará una articulación de bases de datos a partir de la información que se tiene respecto a la desaparición forzada en hospitales, en centros de atención psiquiátrica, en el Sistema DIF, en los centros de salud y atención de adicciones, en los centros de detención y reclusorios, en todo el sistema penitenciario, los servicios médicos forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas, los albergues públicos y privados, los panteones o lugares donde se depositan restos mortales.

Se buscará la asistencia con las agencias de:

• ONU.
• Comité Internacional de la Cruz Roja.
• Agencia de Cooperación alemana.
• Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

11. Justicia y Tipificación del Delito.

Que a través del impulso a las Comisiones y Fiscalías Especializadas locales, se establezcan mecanismos integrales de reacción e intercambio de información para tener una respuesta más eficaz ante casos de desaparición. Además de establecer en la ley la plena responsabilidad de los delitos de desaparición forzada de los superiores jerárquicos, de quienes dan las órdenes en caso de agencias del Estado para cometer este tipo de delitos.

En el marco de la presentación del plan para combatir la desaparición forzada, colectivos y familiares de víctimas protestaron en Palacio Nacional y exigieron una audiencia con el presidente.

Acusaron que la estrategia no se les presentó a las familias, y desconocen lo planteado por el Gobierno Federal.