Populismo punitivo en el Congreso: proponen quitar patria potestad por fumar o beber frente a menores
Morelia, Michoacán.— En un nuevo episodio del ya recurrente populismo legislativo, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), David Martínez Gowman, propuso una iniciativa que plantea retirar la patria potestad a madres, padres o tutores que consuman tabaco, alcohol o drogas —incluso legales— frente a menores de edad. Además, advirtió que los menores serían remitidos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y que posteriormente se buscaría legislar penas severas contra los adultos.
La iniciativa, que según Gowman busca el “bienestar de las infancias”, no sólo equipara el consumo de sustancias legales con drogas ilícitas, sino que coloca en el mismo plano una cerveza, un cigarro y una sustancia controlada, ignorando completamente los marcos normativos actuales, los contextos familiares y los derechos parentales. Se trata de una propuesta de alto contenido moralista y bajo rigor jurídico.
El diputado justificó la iniciativa con el argumento de que los niños replican los comportamientos de sus padres, lo cual, aunque cierto en términos generales, no es base suficiente para una medida de tal gravedad legal y emocional como es quitar la patria potestad. Sin ofrecer estudios concretos ni consultar a especialistas en derechos de infancia, salud mental o desarrollo familiar, la propuesta se presenta como una solución extrema a un problema complejo.
Más preocupante aún es que el legislador admite que la propuesta podría ser usada en procesos de divorcio o custodia como una herramienta legal para despojar de derechos parentales a una de las partes. Aunque dice que se buscará evitarlo con una buena redacción, la sola posibilidad de que esta legislación sirva como arma judicial debería encender todas las alertas.
Lo más alarmante es la intención expresada por el diputado de endurecer aún más las sanciones: en una “segunda incidencia”, buscará que se proceda directamente con la pérdida de la patria potestad, y posteriormente se añadirían penas penales para los adultos infractores. Este enfoque punitivo ignora completamente alternativas de prevención, educación o intervención psicosocial, y apuesta por la criminalización directa de los comportamientos, con un sesgo moral que roza el autoritarismo.
En lugar de promover políticas públicas integrales de salud y educación para las familias, esta iniciativa coloca al Estado como vigilante moral del hogar, y al DIF como instancia represora más que protectora. Además, no distingue entre el abuso y el consumo ocasional, ni entre contextos de riesgo real y situaciones cotidianas que no necesariamente implican daño a los menores.
La propuesta de Martínez Gowman es un reflejo de cómo, en tiempos de déficit legislativo y presiones mediáticas, algunos representantes optan por medidas espectaculares y punitivas, disfrazadas de preocupación por las infancias, pero que en el fondo perpetúan la lógica del castigo sobre la del cuidado.
Lo que necesita Michoacán no es más criminalización, sino políticas públicas con enfoque de derechos humanos, acompañamiento familiar, tratamiento de adicciones, y estrategias que fortalezcan el tejido social. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir los hogares en zonas de vigilancia y a los padres en delincuentes por fumar un cigarro en el patio de su casa.
