Presenta Poncho Chávez iniciativa para brindar educación a mujeres víctimas de violencia
Además, el diputado local planteó que no se debe exigir documentación de sus hijas e hijos para continuar su escolaridad
Morelia, Michoacán.- Con el compromiso firme de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres y la niñez en situación de vulnerabilidad, el diputado Poncho Chávez, integrante de la 75 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo.
La propuesta legislativa busca garantizar el acceso inmediato al derecho a la educación para mujeres víctimas de violencia, así como para sus hijas e hijos, aun cuando no cuenten con la documentación requerida al momento de la inscripción, como actas de nacimiento, certificados escolares o comprobantes oficiales de estudios previos.
“¿Es acaso justo que una niña o niño no pueda continuar con su educación solo porque proviene de un entorno de violencia? ¿O que una mujer que huyó por su vida no pueda acceder a una escuela por no tener sus papeles?”, cuestionó el legislador durante su intervención en tribuna.
La iniciativa plantea que, atendiendo al principio del interés superior de la niñez, las instituciones educativas no deberán exigir de manera inmediata los documentos habituales de inscripción a quienes hayan sido víctimas de violencia. Asimismo, contempla que las mujeres, sean madres o no, puedan continuar o iniciar su formación académica sin trabas burocráticas que revictimicen su situación.
“Esto no solo es un acto de justicia. Es una medida necesaria para garantizar condiciones de vida dignas, mayores oportunidades de empleo, y el desarrollo pleno de capacidades y talentos”, añadió Poncho Chávez.
La propuesta establece que será suficiente la solicitud expresa de la mujer o madre para hacer valer este derecho, sin necesidad de justificar o relatar su situación ante autoridades escolares, lo que busca evitar cualquier forma de revictimización por parte de las instituciones educativas o la Secretaría correspondiente.
