Morelia, Michoacán, 6 de agosto de 2026. La segunda licencia concedida por el Congreso del Estado a Carlos Torres Piña para separarse de la titularidad de la Fiscalía General del Estado volvió a poner en evidencia una práctica que se ha normalizado en Michoacán: utilizar instituciones autónomas como trampolines para proyectos político-electorales, con el aval de una mayoría legislativa que parece haber renunciado a cualquier criterio ético.
Con 39 votos a favor y solo uno en contra, los diputados de la 76 Legislatura aprobaron nuevamente la solicitud del fiscal, quien mantiene abierta su participación en el proceso interno de Morena rumbo a la definición de la candidatura al gobierno de Michoacán en 2027. La decisión no solo permitió extender su separación del cargo hasta el 19 de septiembre, sino que confirmó que el Congreso está dispuesto a respaldar, una vez más, el uso político de una institución encargada de procurar justicia.
La crítica no se limita a la actuación de Torres Piña. El fondo del problema es la conducta de los legisladores que aprobaron su nombramiento cuando ya era ampliamente conocido que aspiraba a una candidatura, y que ahora le conceden una nueva licencia sin cuestionar el mensaje que envían a la ciudadanía. La Fiscalía fue presentada como un órgano autónomo, alejado de intereses partidistas, pero en los hechos terminó convertida en una plataforma desde la cual se construye una candidatura.
Durante la discusión, el diputado de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa, fue el único que votó en contra y señaló que la Fiscalía ha sido utilizada para impulsar un proyecto político-electoral. Su postura contrastó con la del resto del Pleno, que optó por privilegiar los acuerdos políticos sobre la responsabilidad institucional.
El argumento de que la ley permite solicitar licencia no resuelve el problema de fondo. La ética pública exige que quien acepta dirigir una institución tan delicada como la Fiscalía lo haga con el compromiso de ejercer plenamente esa responsabilidad, no de abandonarla temporalmente cuando aparecen oportunidades electorales. Más aún cuando esa posibilidad era conocida desde antes de su designación.
Resulta difícil sostener que el Congreso desconocía las aspiraciones políticas de Carlos Torres Piña. Su trayectoria partidista y su presencia permanente en la vida interna de Morena hacían evidente que el cargo de fiscal difícilmente sería el punto final de su carrera política. Aun así, los diputados lo designaron y ahora, por segunda ocasión, le permiten separarse del puesto para competir por una candidatura.
La consecuencia es un deterioro de la credibilidad institucional. Mientras miles de michoacanos enfrentan problemas de inseguridad, desapariciones y delitos que exigen una Fiscalía fuerte y concentrada en su función constitucional, el Poder Legislativo transmite la idea de que la procuración de justicia puede ponerse en pausa o administrarse desde la lógica de las campañas.
Más que una licencia administrativa, la votación del Congreso representa una definición política: la mayoría legislativa decidió respaldar un modelo en el que los cargos públicos se utilizan como escalones hacia nuevas posiciones de poder. Y con ello, los diputados no solo avalaron la estrategia de Torres Piña, sino que asumieron una parte de la responsabilidad por haber permitido que una institución diseñada para impartir justicia terminara subordinada a la competencia electoral.
