Morelia, Michoacán.– Luis Miranda Contreras, exsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán, fue detenido junto con su esposa, sus dos hijos y un escolta, acusado de encabezar una presunta red criminal que utilizaba inteligencia artificial para hacerse pasar por gobernadores, alcaldes, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y altos funcionarios, con la finalidad de extorsionar a políticos y empresarios.
Miranda Contreras, quien también habría tenido una trayectoria como funcionario en Zitácuaro, ocupó los cargos de Tesorero General y secretario de Administración y Finanzas de Michoacán entre 2012 y 2013. Ahora enfrenta un proceso penal por su presunta participación en una organización dedicada a obtener dinero y otros beneficios mediante engaños y suplantación de identidad.
La captura se realizó en el exclusivo fraccionamiento La Providencia, en Metepec, Estado de México, durante un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia mexiquense.
Junto con el exfuncionario fueron detenidos su esposa, Liliana “N”; sus hijos, Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”; así como Agustín Arturo “N”, identificado como su escolta.
De acuerdo con las investigaciones, la organización presuntamente aprovechaba el conocimiento que Miranda Contreras tenía de las estructuras gubernamentales para contactar a políticos, servidores públicos y empresarios.
El mecanismo consistía en establecer comunicación con sus víctimas mediante llamadas telefónicas y mensajes a sus números personales. Durante las conversaciones obtenían información confidencial sobre funcionarios, dependencias y operaciones políticas o económicas.
Posteriormente, esos datos eran utilizados para hacerse pasar por autoridades de alto nivel, incluso de la Presidencia de la República, gobiernos estatales, alcaldías y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para reforzar los engaños, presuntamente utilizaban herramientas de inteligencia artificial que les permitían imitar voces y hacer creer a sus víctimas que realmente estaban hablando con funcionarios públicos.
Una vez ganada su confianza, buscaban obtener beneficios económicos o laborales mediante las presuntas extorsiones.
El caso también sacó a relucir los antecedentes de Miranda Contreras, quien en 2017 fue detenido por un asunto relacionado con el presunto desvío de 26 millones 680 mil pesos, correspondientes a pagos a dos proveedores que, según las investigaciones de aquella época, no se habrían efectuado.
Además, el exfuncionario había sido inhabilitado para desempeñar cargos públicos en Michoacán.
Durante las diligencias en Metepec, los investigadores aseguraron teléfonos celulares y varios vehículos de alta gama, los cuales fueron retirados del inmueble mediante grúas para quedar bajo resguardo de las autoridades.
Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y posteriormente vinculados a proceso por el delito de extorsión.
Las investigaciones continúan para determinar cuántos políticos, empresarios y funcionarios pudieron haber sido víctimas de esta organización, así como establecer si existen más personas involucradas.
El caso coloca nuevamente bajo investigación penal a un exalto funcionario de Michoacán, ahora señalado como presunto dirigente de una red que habría utilizado contactos políticos, información privilegiada y tecnología para cometer extorsiones.
