Ante los recientes casos de feminicidios o violaciones se reabre el debate por aplicar en casos específicos la pena de muerte, así como implantar como un procedimiento de castigo la castración química. Las voces vienen desde el Congreso e incluso se busca reactivar algunas iniciativas. La discusión en lo social y en lo político está abierto.
Hay que recordar que en México la última ocasión que se aplicó como tal la pena de muerte fue en 1961; posteriormente se quitó de forma definitiva de la Constitución y del Código de Justicia Militar en 2005. Dos años antes, el entonces diputado Martí Batres presentó la iniciativa respectiva; consideraba que la pena capital atenta contra la dignidad humana, “de quien la recibe y de quienes la ejecutan o permiten”.
En su momento el presidente Vicente Fox advirtió que la pena de muerte es contraria a los derechos humanos, “por eso el Gobierno ha hecho una defensa firme de los mexicanos sentenciados a muerte en otros países”.
Ante las protestas masivas de mujeres por el incremento de violaciones y feminicidios, en agosto de 2019 Juan José Ruiz Rodríguez, presidente del PRI en Querétaro llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para presentar una propuesta formal para que se volviera a aplicar la pena capital.
Presentamos al gobernador del estado @PanchDominguez solicitud para que realice las gestiones correspondientes con cancillería para formular reservas en pena de muerte. Ayer presentamos la propia a @m_ebrard Pena de muerte a feminicidas. Desde Querétaro mandemos la advertencia
Ahora es el propio coordinador de Acción Nacional (PAN) en el Senado, Mauricio Kuri, quien se pronunció a favor de este castigo a criminales similares a los que acabaron con la vida de la niña Fátima.
A su vez, su compañero de bancada Víctor Fuentes Solís abrió una consulta en su red social; en ella más del 90% de sus contactos se pronunció a favor de que, en casos específicos, los asesinos paguen con la vida sus culpas.
Hoy la prioridad del gobierno deben ser las mujeres. Hay que erradicar la violencia contra ellas, no quitarles los apoyos como lo han hecho ahora.
El vicecoordinador de la bancada del PRI, Manuel Añorve Baños, estuvo de acuerdo en que se abra un debate amplio en el Senado sobre la pena capital; de antemano dijo que consideraría estar a favor de este castigo para casos de extrema crueldad.
El Gobierno debe trabajar para garantizar la seguridad de nuestros hijos, no basta con castigar a los responsables, se debe trabajar en programas que puedan garantizar que los niños regresen a salvo a sus casas, sin importar las circunstancias.
En un terreno paralelo está el planteamiento de aplicar la castración química a violadores, sobre todo si reinciden en este delito. Se trata de un un proceso médico a través del cual se inyectan medicamentos antiandrógenos que reducen la cantidad de testosterona, lo que disminuye la libido y el deseo sexual.
Ya desde diciembre de 2018 el senador por Morena, José Luis Armenta retomaba con formalidad el asunto con el fin de “ponerle un freno contundente” a este crimen. Afirmaba que el proyecto de ley tomaba en cuenta las observaciones de defensores de derechos humanos.
En noviembre de 2019 hubo otras dos propuestas coincidentes. Por un lado el diputado de Morena en el Congreso de Guerrero, Marco Antonio Cabada Arias, quien presentó una iniciativa para que en la Constitución quedara establecido aplicar la castración química a hombres de entre 18 y 65 años que sean declarados culpables en casos de reincidencia de violación, así como a los pederastas.
De manera muy similar el proyecto de la senadora también por Morena, María Soledad Luévano Cantú; proponía aplicar un tratamiento farmacológico para inhibir la libido a quienes cometan violación en más de una ocasión.Castración química a violadores reincidentes, propone senadora de Morena – MVS Noticias
Agregó que este 2019, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad, se tiene registro de 38 mil 357 delitos sexuales, de los cuales, 12 mil 905 corresponden a violaciones simples o equiparadas.
Las propuestas están sobre la mesa, y es probable que se agreguen algunas más; habrá que estar atentos a ver cuáles se convierten en un cambio legal de manera formal aunque falta un trecho más complicado: la creación de la infraestructura y la logística para aplicar este tipo sanciones.
