El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados rechazó dar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la atribución de emitir la resolución administrativa en la que fundamentará y motivará lainclusión de ciudadanos a la lista de personas con cuentas bancarias y posesiones bloqueadas, sin que medie mandato judicial.
El diputado José Francisco Yunes Zorrilla, indicó que esta determinación afecta los principios constitucionales fundamentales y estrecha derechos de los mexicanos: “Nadie puede ser privado de sus derechos, de sus propiedades, de sus posesiones, de su libertad, si no media juicio en primer lugar, desarrollado en tribunales previamente establecidos, donde se cumpla el procedimiento y con leyes en vigor”, enfatizó.
Al participar en los posicionamientos de este proyecto de dictamen, por el que se reforma la denominación del Título Quinto y se adiciona un Capítulo V de la Ley de Instituciones de Crédito, el legislador priista puntualizó que esta modificación lesiona principios constitucionales de garantía de audiencia.
Yunes Zorrilla sostuvo que su partido siempre ha dado una batalla legislativa firme por generar un marco jurídico que permita combatir la corrupción, la delincuencia organizada y el lavado de dinero, pero, subrayó, jamás avalará una medida que estreche libertades, que vulnere derechos, que lastime posibilidades de crecimiento.
En tanto, el priista Yerico Abramo Masso aseguró que este dictamen pone en riesgo garantías establecidas en la Constitución, que dan certidumbre al Estado de derecho, pues “contraviene todo principio del debido proceso y se deja en abandono a aquellas personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de demostrar su inocencia”.
