En la segunda mitad del siglo XX, en un contexto de autoritarismo, injusticia social, fraudes electorales y represiones masivas y selectivas, donde la represión se convirtió en política de Estado, sistemáticamente fueron reprimidos los movimientos sociales y opositores, así como a las personas a quienes se consideraba sus bases de apoyo.
En este entorno social, entre los años de 1974 y 1976, en el período denominado “Guerra Sucia”, cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz fueron detenidos y desaparecidos por el Estado mexicano: José de Jesús Guzmán Jiménez; y sus hijos Amafer, Solón Adenauer, Armando y Venustiano Guzmán Cruz, originarios de la comunidad p´urhépecha de Tarejero, detenidos por la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS) y el Ejército Mexicano, trasladados a la XXI Zona Militar en Morelia y posteriormente al Campo Militar No.1, lugar donde fueron interrogados, torturados y desaparecidos, constituyendo un crimen de lesa humanidad y el primer referente histórico de las desapariciones forzadas en Michoacán.
A 48 años de su desaparición forzada, el Estado mexicano aún no ha respondido por estos crímenes contra la humanidad, a pesar de que estas desapariciones fueron denunciadas y documentadas ante el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos; ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien emitió la recomendación 26/2001; en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado; ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada o Involuntaria, y finalmente, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En este sentido, la CIDH declaró admisible el caso de la familia Guzmán Cruz el 12 de julio de 2013, posteriormente, el 7 julio de 2017 se llevaron a cabo las audiencias del fondo en el 163 Periodo Extraordinario de Sesiones en Lima y actualmente el caso se encuentra en espera del dictamen de fondo.
A casi cinco décadas dsu desaparición, los familiares de los desaparecidos p´urhépecha, continúan incansablemente luchando en contra del olvido y la impunidad, exigiendo memoria, verdad y justicia. Ante ello, por acuerdo de Asamblea General de Autoridades, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM acompaña la lucha por los desaparecidos de los pueblos originarios, por lo que colectivamente exigimos categóricamente a la CIDH que emita el dictamen de fondo del caso de la familia Guzmán Cruz, toda vez que la justicia retrasada, es justicia denegada.
¡Ni perdón, ni olvido! ¡No tekantskua ka nijtu miri kurhikua!
