La Reforma Judicial fue avalada por el Congreso, pero aún faltan las Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.

Morena y su mayoría calificada en el Senado de la República avalaron sin ningún problema la Reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el voto a favor del aún panista Miguel Ángel Yunes Márquez, pese a las distintas protestas y manifestaciones en contra que se registraron previamente.

Ante ello han surgido diversos cuestionamientos entorno a la aprobación del dictamen, ¿aún hay alguna posibilidad de frenar la reforma al Poder Judicial?, ¿La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede parar la reforma de AMLO? Aquí te lo contamos.

¿Los Congresos locales pueden frenar la Reforma Judicial?

Es importante recordar que aún avalado por el Congreso de la Unión, que es la Cámara de Diputados y el Senado de la República, el artículo 135 de la Constitución establece que las reformas o adiciones a la Carta Magna (como es el caso de la Reforma Judicial), también deben aprobarse en la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, es decir, al menos 17 o más Congresos estatales le deben dar el visto bueno a la propuesta de la 4T.

Después de las últimas elecciones del pasado 2 de junio de 2024, Morena y sus aliados tuvieron un importante arrase en los estados; dichos resultados derivaron en que la 4T cuenta con mayoría en más de 20 Congresos estatales, por lo que también sin problema podrán avalar esta reforma y otras que requieran un cambio a la Constitución.

¿La SCJN puede frenar la reforma?

Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte, explicó que si bien las suspensiones actuales contra la reforma están en la fase de impugnación y aún no han tenido efecto práctico, pero que en caso de que la reforma sea aprobada, se podría promover una acción de inconstitucionalidad.

El ministro subrayó que si bien el Poder Judicial no puede revisar un texto constitucional sí puede revisar si hubo una violación al proceso legislativo, por ejemplo, si no fue votada con la votación que exige la Constitución o si se publica antes de tiempo y aún está en trámite entre los Congresos locales, entre otras circusatancias.

“Una acción de inconstitucional puede ser promovida pero hablemos con la verdad, contra la Constitución, la jurisprudencia, lo que la SCJN y los tribunales siempre han dicho es que no procede. El Poder Judicial no puede revisar un texto constitucional… Lo que siempre se ha sostenido, en lo que se llaman facultades soberanas de Congreso donde no entra juicio de amparo, es lo que sí se puede revisar si hay una violación al proceso legislativo”, dijo en entrevita para Grupo Fórmula.

¿Quién puede presentar una acción de inconstitucionalidad? 

La acción de inconstitucionalidad “es el juicio por el que la Corte resuelve si una norma trasgrede la Constitución, con el objetivo de preservar el orden Constitucional”, según se explica en el portal de la SCJN.

La cual puede ser presentada o promovida por las minorías parlamentarias, donde se requiere el 33% de quienes integran las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como de las legislaturas estatales, o bien los partidos políticos con registro ante el INE o ante una entidad federativa, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La Corte señala que la acción de inconstitucionalidad a los actos que integran el procedimiento legislativo solo puede impugnarse a partir de que es publicada la norma general y “porque es en ese momento cuando los actos adquieren definitividad”.

Oposición denuncia irregularidades 

Desde terminada la sesión maratónica en la Cámara de Diputados de la Reforma Judicial de Morena, la oposición ya había argumentado que hubo diversos errores e irregularidades, desde la legalidad de la convocatoria a las constantes dudas manifestadas sobre si había o no cuórum suficiente para las votaciones en la Unidad Deportiva Magdalena Mixihuca, que fungió como sede alterna ante la la toma de San Lázaro por trabajadores del PJF.

En su momento, Ivonne Ortega, coordinadora de MC en la Cámara de Diputados, declaró en entrevista para El País que hubo irregularidades desde que se dio la convocatoria, pues se había acordado en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que la votación en lo general fuera el martes 3 de septiembre y la votación en lo particular se diera el miércoles 4, pero no fue así y ambas se llevaron a cabo en una misma sesión: “Los hayan chamaqueado o no, cuando se tomaron las instalaciones de la Cámara, ellos decidieron arbitrariamente definir una sede alterna… (Eso) viola los principios de los estatutos, reglamentos y leyes vigentes”.

Además Ivonne Ortega acusó que en la sesión de la Cámara de Diputados no había cuórum y los lugares de los diputados los estaban ocupando el staff y choferes, por ellos pidió al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, verificar que exista el número de diputados necesario para que se realice la sesión, y que solo lo rectificó “al ojo”.

“Estamos seguros de que no hay diputados, aquí hay choferes, personas del staff, pero no puedes ver a Eruviel Ávila, por ejemplo, o a Carlos Puentes”, destacó la diputada.

Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, adelantó que su equipo jurídico se encuentra analizando impugnar el proceso en la Cámara de Diputados por vicios de fondo:

“Con el equipo jurídico estamos atendiendo todo el tema del proceso legislativo porque obviamente está claro que han habido vicios desde fondo y vamos a combatir en el ámbito legal… No se cuidaron los tiempos, las convocatorias, eso se va a tender y lo vamos a realizar”, indicó.

Noemí Luna, coordinadora del PAN en San Lázaro, también coincidió en que fue una sesión “plagada de irregularidades” por la incertidumbre sobre el cuórum y acusó que colaboradores de la mayoría oficialista se hicieron pasar por diputados: “Iremos a impugnar cada momento procesal que ha sido violentado”, advirtió.

Sin olvidar que tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, las y los legisladores de oposición aclararon que participaban en la discusión “bajo cautela” porque se violentaba la decisión de una jueza federal que ordenó suspender el debate y la votación, pero la mayoría se negó a acatarlo.