Libertad de expresión en la cuerda floja: el Congreso de Michoacán debate peligrosa iniciativa sobre apología del delito
Moreia, Mich.- La reciente lectura en el Congreso del Estado de Michoacán de la iniciativa presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para sancionar la apología del delito ha encendido alarmas entre legisladores y sectores defensores de los derechos civiles. Aunque la propuesta pretende, según el Ejecutivo, contribuir a la “construcción de la paz”, su redacción ambigua y potencialmente punitiva abre la puerta a la censura y al castigo de ideas, afectando directamente la libertad de expresión y prensa.
Desde el oficialismo, figuras como Juan Pablo Celis Silva (Morena) ofrecieron un respaldo acrítico al proyecto, sin siquiera haberlo leído por completo, lo que evidencia una preocupante ligereza legislativa frente a un tema tan delicado. La frase “cualquier instrumento legislativo orientado a la paz merece apoyo” suena más a consigna que a una evaluación responsable del contenido jurídico de la iniciativa.
En contraste, voces dentro del mismo partido, como la del legislador Juan Carlos Barragán Vélez, advierten con contundencia sobre los riesgos de aprobar leyes “al vapor”. Su crítica apunta a un punto clave: la criminalización de las ideas. Cuando se proponen sanciones penales por expresiones que podrían ser interpretadas como apologías del delito —como portar una camiseta con una hoja de marihuana—, lo que se está legislando no es seguridad pública, sino censura disfrazada de orden.
La intervención del presidente del Congreso, Juan Antonio Magaña de la Mora, fue más conciliadora, pero no menos reveladora: incluso desde una postura penalista se admite que la redacción debe afinarse para evitar ambigüedades que comprometan derechos fundamentales. Sin embargo, la experiencia muestra que una vez iniciados estos procesos restrictivos, las correcciones rara vez devuelven el terreno perdido a las libertades públicas.
No se puede permitir que, bajo el pretexto del combate a la violencia, se imponga un clima de persecución ideológica. Si la libertad de expresión es el precio que algunos están dispuestos a pagar por una paz simulada, es deber de los representantes populares y de la ciudadanía resistirse a ese costo inaceptable.
Michoacán no necesita más leyes represivas; necesita una política de seguridad integral, con enfoque en derechos humanos y en la prevención de las causas estructurales del delito. La censura nunca ha sido un camino hacia la paz, sino hacia el autoritarismo.
