Pese al voto en contra del petista Baltazar Gaona García, y la abstención de 3 legisladores del PRD que se dijeron confundidos, el Congreso de Michoacán incluyó por primera vez en su historia al Poder Legislativo en el plan anual de fiscalización de la cuenta pública estatal correspondiente al 2018, que contempla la revisión de los recursos ejercidos por 17 dependencias estatales y el fondo de infraestructura municipal el año pasado.
De acuerdo a lo aprobado por los diputados, además del Congreso local, a propuesta propia el órgano fiscalizador realizará auditoría al Poder Judicial y las Secretarías de Finanzas, Obra Pública, Educación, de la Mujer y Salud.
Además del deuda pública a la Universidad Michoacana, la Comisión de Pueblos Indígenas, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud y el Instituto de Ciencia y Tecnología. A propuesta de los legisladores deberá revisar al Colegio de Bachilleres, el Instituto de Estudios Superiores de Seguridad, la Coordinación de Comunicación Social, las Casas de Michoacán que maneja la Secretaría del Migrante, la Secretaría de Desarrollo Social y el Telebachillerato.
También se consideraron auditorías especiales al Fondo de Infraestructura Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública.
