¿AMLO en problemas? Magistrados piden audiencia a la CIDH por ‘estado crítico de independencia judicial’

La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocar a una audiencia temática sobre el estado “crítico” de la independencia judicial en varios países de la región, entre ellos México por la reforma al Poder Judicial que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso en febrero de 2024.

“La Audiencia tiene por objeto transmitir a la honorable CIDH información relevante sobre la situación general de la independencia de la judicatura, y los ataques a este principio fundamental del Estado de derecho en los países de la región latinoamericana”, señala a través de un comunicado.

Respecto a lo que ocurre en México, la FLAM destaca que el Poder Ejecutivo promovió a inicios del año una modificación a la Constitución en el cual, entre otros aspectos, impulsa la elección popular de los jueces; utilizando mecanismos que permitan el voto de la ciudadanía para la elección de los magistrados que integran el Poder Judicial.

“Este avasallamiento persigue modificar el sistema actual de México en el cual el juez es designado por nominación del Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado. Esa selección observa la carrera judicial del nominado, sus capacidades, antecedentes e idoneidad para el cargo propuesto. Este proyecto no solo propone que el sistema de voto popular sea aplicado a todos los magistrados. También postula su aplicación en forma retroactiva”, agrega.

Además alerta que este último supuesto importa un mecanismo solapado de remoción de jueces, desde que “avasalla” los derechos adquiridos por aquellos magistrados designados por el sistema constitucional vigente al momento de su designación.

Pero este proyecto de elección popular de Magistrados, soslaya las experiencias existentes en el derecho comparado, que muestran un sistema que está en retirada, con opiniones negativas de aquellos que lo tienen en sus legislaciones, y que en esos supuestos solo se limita a un reducido grupo de cargos y no a la totalidad del Poder Judicial, como se postula en México.

También se alerta que la modificación claramente aspira a generar un sometimiento de los jueces vulnerando la  independencia del Poder Judicial, y con ello la inobservancia del principio de la división de poderes.

“En el informe de la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, también señaló su preocupación por esta pretendida modificación, lo que también debilita la protección de los derechos humanos”, agregó.

También indican que el derecho a la Asociación Judicial, no es reconocido, al contrario es cuestionado y de alguna manera atacado cuando solo se trata de defender derechos colectivos, por lo cual no se puede acceder a permisos institucionales urgentes y trascendentes.

Entre las observaciones que se hacen, destaca que la seguridad de las autoridades judiciales es inexistente, en comparación a estándares internacionales, sumado al linchamiento judicial en medios de comunicación y redes sociales, donde no existe el mínimo de consideración y respeto a la función judicial.

“En el ámbito salarial, producto de la emergencia sanitaria del COVID -19 se procedió a descuentos considerables temporales, empero a la fecha no se han regularizado y ante la situación económica actual se tiene planeado incluso disminuir el mismo, cuando ha disminuido la capacidad adquisitiva. En virtud de lo expuesto, solicitamos respetuosamente a esta CIDH una sesión temática para analizar las cuestiones aquí presentadas de manera más detallada”, puntualiza.