El Ejecutivo federal podrá proponer candidatos a consejeros electorales para organizar y calificar las elecciones en México, de acuerdo a la iniciativa de reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión.
“Dichos cargos serán ocupados por un periodo de seis años improrrogable. La jornada electiva para definir a las personas titulares de estos órganos se celebraría el primer domingo de agosto, cada seis años, con excepción de la primera jornada electiva”, apunta el proyecto, que plantea también la reducción de once a siete integrantes.
De acuerdo al documento enviado a la Cámara de Diputados, cada uno de los Poderes de Unión postulará “veinte personas de manera paritaria: el Poder Ejecutivo lo hará por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República”.
“El Poder Legislativo postulará diez personas por cada Cámara, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes; el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con mayoría de ocho votos”, resalta la iniciativa que fue presentada de manera inicial en la conferencia mañanera.
La iniciativa plantea que la Cámara de Diputados emitirá el decreto de convocatoria para la elección de consejeras y consejeros, el cual contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables.
“El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) será el organismo que sustituirá al Instituto Nacional Electoral (INE), para organizar los comicios”, apunta el documento enviado al recinto legislativo de San Lázaro a un día de que concluya el periodo ordinario de sesiones.
Para la integración del INEC, la iniciativa presidencial propone la elección de siete personas consejeras y presidirá el organismo aquella que haya obtenido la mayor votación y en lo que respecta a la Sala Superior del TEPJF, se elegirá el mismo número de magistrados.
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“La presidencia se definirá por elección de sus integrantes y se ocupará por un periodo de dos años. En caso de falta absoluta de una persona consejera o magistrada, la Cámara que convocó a su elección designará a quien deberá sustituirla”, apunta el documento.
En cuanto a los magistrados electorales, el Senado de la República emitirá el decreto de convocatoria para su elección, “el cual contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables en el que cada uno de los Poderes de la Unión postulará diez personas de manera paritaria”.
“El Poder Ejecutivo lo hará por conducto de su titular; el Poder Legislativo postulará cinco personas por cada Cámara, mediante votación de dos terceras partes de sus integrantes presentes; el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con mayoría de ocho votos”, indica el documento.
La iniciativa resalta que como los tribunales locales en materia electoral no brindan certeza a los procesos electorales como primera instancia, por lo que “se propone que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación absorba las controversias electorales locales del país”.
Con esto, desaparecen los tribunales electorales locales, además los 32 Organismos Públicos Locales Electorales, para federalizar las elecciones en el país.
El proyecto plantea que ante la “falta absoluta de alguna persona magistrada de Sala Superior, el Senado elegirá una sustituta sólo para cubrir el periodo constitucional, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La aprobación se realizará por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes”.
La iniciativa presidencial propone 18 cambios a la Constitución, por lo que se requiere la aprobación de las dos terceras partes de los diputados de la Cámara de Diputados, por lo que se requiere 56 votos de legisladores de la oposición, además del apoyo de los legisladores de la 4T.
El pasado 17 de abril, diputados de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática rechazaron con 222 sufragios la iniciativa de Reforma eléctrica que planteó AMLO.
En caso de ser aprobada esta iniciativa, “deberá promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante éste no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
