La legisladora, integrante del GPPT, destacó la importancia de informar al Legislativo para que éste a su vez tenga los elementos necesarios para aprobar o reprobar las Leyes de Ingresos Municipales.
De urgente y obvia resolución el Pleno del Congreso del Estado, aprobó la propuesta de exhorto presentada por la legisladora, Teresa Mora Covarrubias a fin de que los 113 municipios de Michoacán rindan un informe al Poder Legislativo de todo lo relacionado con el servicio y el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP).
En su exposición de motivos, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), señaló que dicha propuesta se formuló con la finalidad de que el Congreso del Estado cuente con los elementos y requisitos necesarios para estar en condiciones de analizar, discutir y en su caso aprobar o reprobar el cobro del DAP.
“Existe demasiada opacidad en las cantidades de dinero que recauda la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el cobro del DAP, a través de los recibos de energía eléctrica, y por los convenios celebrados con los ayuntamientos, de igual forma no se cuentan con informes de las tesorerías municipales de las cantidades de dinero que recaudan de DAP, a través de las boletas prediales”, agregó.
La legisladora por el distrito 06 de Zamora, refirió que lo más grave del DAP es que los ayuntamientos no informan los costos que representan a sus administraciones brindar el servicio de alumbrado público, elementos que dijo, son esenciales y se deben conocer para lograr una verdadera eficacia administrativa, coherente, con rendición de cuentas claras y finanzas sanas.
“Con esto, también se pretende recuperar y fortalecer la confianza de pago de los contribuyentes por los servicios que reciben de los municipios, por lo cual urge enfrentar el tema en esta LXXIV legislatura y no darle la vuelta al tema como lo han hecho las anteriores”, añadió.
La diputada petista subrayó que en los últimos 45 años se han promovido miles de juicios de amparo, mismos que se han concedido por las violaciones inconstitucionales en el mecanismo de cobro, por lo que el Poder Legislativo no puede, ni debe seguir aprobando contribuciones ilegales e inconstitucionales, menos aún ser comparsa o cómplice de las administraciones municipales que crean contribuciones indebidas.
