«No hay economía, ahorro o medida de austeridad, que compense o justifique que la salud», señaló la CNDH respecto a los primeros meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lanzó una serie de reclamos o críticas hacia la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Al presentar el informe anual de la Comisión, el ombudsman Luis Raúl González Pérez refirió en primer lugar el hecho de que, por primera vez en casi 29 años, el titular del Ejecutivo no recibió el informe; en esta ocasión, el documento fue entregado a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
“Más allá de un acto meramente formal, el encuentro que propiciaba la presentación del Informe Anual de labores abría un espacio directo e inmediato para que la CNDH pudiera exponer, ante el Titular del Ejecutivo Federal, un balance anual sobre la situación de los mismos”, expresó González Pérez.
“Así como reflexionar, prospectivamente, sobre los retos y situaciones que demandaban atención especial para el año en curso, cuestiones que en este 2019 no pudieron concretarse, al no haberse generado un espacio para que los derechos humanos fueran escuchados”, agregó, de acuerdo con el comunicado de la Comisión.
En otro punto de su mensaje, el ombudsman criticó que en los primeros meses del año, ya con López Obrador como presidente, “se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, nos harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública, ni se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación que, desde hace varios años nuestro país ha enfrentado en diversos rubros”.
En cuanto a las medidas de austeridad, el titular de la CNDH mencionó que, con independencia de medidas de disciplina presupuestal, México se encuentra obligado a asignar, hasta el máximo de sus capacidades, los recursos necesarios para que los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, sean vigentes.
“Hay rubros en los que la asignación de recursos públicos no puede sólo depender de cálculos económicos o ponderaciones administrativas, como lo son los servicios de salud pública, donde la falta de recursos económicos, materiales o de personal debidamente calificado, implica la diferencia entre la salud o la enfermedad de las personas, e inclusive, en casos graves o urgentes, entre su vida o su muerte”.
“No hay economía, ahorro o medida de austeridad, que compense o justifique que la salud, la integridad o la vida de las personas se ponga en riesgo o se comprometa innecesariamente. Debilitar o volver inoperantes los sistemas públicos de salud, implica una violación a los derechos humanos”, acusó la Comisión.
“Las irregularidades del pasado son motivo de investigación y sanción, los problemas del presente requieren acciones pertinentes y atención urgente. La falta de apoyos a las estancias infantiles y refugios, a instancias que atienden personas con discapacidad, la descalificación de organizaciones de la sociedad civil, de periodistas y comunicadores, y la necesidad de prevenir discursos que polaricen o dividan a las personas son temas que deben revisarse buscando la mayor protección y vigencia de los derechos”.
El mensaje también señala que no es eliminando contrapesos entre autoridades y poderes, que México avanzará por la ruta de la legalidad y del respeto a la dignidad humana.
“Nuestro país no puede prescindir de espacios y vías para que la reflexión y el entendimiento sean posibles mediante la pluralidad, la tolerancia, así como el respeto a las personas y a las ideas, para construir consensos en beneficio del país y de su sociedad. El piso común que nos una, identifique y permita sustentar cualquier cambio para México, deben ser la legalidad, respeto a la dignidad humana y vigencia de los derechos humanos”.
