Congreso frena caso Coalcomán sin explicar razones; Comisión Jurisdiccional opera entre opacidad y vacíos
El diputado local del PAN, Alfonso Janitzio Chávez Andrade, reveló que el procedimiento legislativo en contra de la alcaldesa de Coalcomán, Anabel Ávila, quedó suspendido abruptamente luego de que un juez federal ordenara al Congreso detener cualquier actuación. Pese a la gravedad del asunto, el Legislativo asegura no conocer las violaciones legales señaladas por la autoridad judicial.
La Comisión Jurisdiccional —encabezada por Chávez Andrade— recibió la notificación y abandonó el proceso sin mayor explicación.
“Recibimos una orden de un juez… se suspendió el caso”, declaró el panista, pero reconoció que el Congreso no sabe cuáles fueron los motivos del juez para frenar la investigación:
“Nos indicaron que el tema estaba concluido y que ya no lo podíamos abordar. Ahí sí no sabría qué violaciones se aludían”, admitió.
La suspensión deja más dudas que certezas. No solo se detuvo el único expediente activo de la comisión, sino que ahora el Congreso queda sin un solo procedimiento en marcha. El propio legislador lo confirmó:
“Nada más era eso… ya no hay”, expresó, evidenciando que la comisión opera prácticamente sin trabajo y sin claridad sobre un caso que él mismo calificó como el único pendiente relevante.
Chávez Andrade afirmó que la Legislatura inició “con cero trabajo” en dicha comisión y que el caso de Coalcomán fue lo único que se movió… hasta que un juez lo detuvo:
“Comenzamos a abordar el tema… pero hasta que el juez nos ordenó dejarlo fue que lo dejamos.”
La admisión de que el Congreso desconoce las razones jurídicas detrás de una orden federal deja ver un claro déficit de transparencia y control interno, además de una preocupante falta de información en un proceso que involucra a una presidenta municipal en funciones.
Pese a la suspensión, el diputado descartó que exista cualquier otro procedimiento jurisdiccional en curso:
“No, hasta el momento no tenemos nada en la comisión”, reiteró.
La opacidad del caso, la parálisis de la comisión y la ausencia de explicaciones formales del Poder Legislativo abren un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre la capacidad del Congreso para manejar procesos jurisdiccionales con rigor, transparencia y autonomía.
