Consejo Supremo denuncia criminalización del proceso de autonomía de Santa Fe de la Laguna
A través de un comunicado, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo constituido por 60 comunidades originarias, denuncio públicamente la existencia de una orden de aprehensión en contra del comunero y vocero de la comunidad de Santa Fe de la Laguna Jorge Ceja Ramos por el presunto delito de “sabotaje” en agravio del Ayuntamiento de Quiroga, lo que consideraron una criminalización de las luchas por la autonomía.
Declararon que pese a existir un acuerdo político para la entrega del presupuesto directo para la comunidad de Santa Fe de la Laguna, ese acuerdo fue violado una vez más por la Presidenta Municipal de Quiroga, la panista Alma Rosa Vargas Diazbarriga, al presentar denuncia penal en contra de comuneros de Santa Fe que lucharon por su autonomía, esto a pesar de que el Gobierno de Michoacán y el Ayuntamiento de Quiroga firmaron y sellaron un documento el pasado 11 de abril, donde otorgaron:
“el perdón legal más amplio que en derecho proceda en favor de todas y todos, y cada una y uno de los miembros de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, sin que se tenga nada que reclamar ni en lo presente ni en lo futuro, así como se desiste de cualquier acción penal y cualquier otra que derive en el contexto de la lucha del presupuesto directo que llevo a cabo la comunidad de Santa Fe de la Laguna”.
Señalaron que producto de esta nueva traición, engaño y manipulación, la Fiscalía General de Michoacán mantiene una orden de aprehensión en contra del comunero Jorge Ceja Ramos, por lo que manifestaron que la gestión de la presidenta municipal de Quiroga Alma Rosa Vargas, “pasará a la historia como un gobierno déspota, autoritario y simulador” por lo que la hicieron totalmente responsable por la integridad física y psicológica de los comuneros de Santa Fe de la Laguna.
Finalmente, mostraron su apoyo y ayuda a la comunidad de Santa Fe de la Laguna, y ante la eventual detención de comuneros que lucharon por la autonomía, se declararon en estado de alerta máximo, haciendo un llamado atento y respetuoso a los pueblos y comunidades originarias para sumarse a la lucha en contra de la criminalización de los procesos de autonomía.
