Morelia, Mich.-.- Cuando Ramsés Vega Sayabedra asumió la Dirección General de la Policía Auxiliar de Michoacán hace apenas ocho meses, no heredó una corporación en funcionamiento: recibió un cascarón corroído por la negligencia, la deuda y el desdén institucional. Lo que debió ser un cuerpo de apoyo sólido para la seguridad pública del estado, se encontraba devastado por los rezagos financieros y los abusos acumulados durante la gestión de Juan Eulogio Sandoval Vargas.

Los números no mienten. Un quebranto financiero superior a los 100 millones de pesos se arrastra como lastre sobre la corporación. El pasivo incluye deudas con el SAT, el IMSS, Pensiones Civiles y proveedores. Pero lo más grave: finiquitos impagados desde 2022 a policías jubilados, hombres y mujeres que se retiraron tras años de servicio sin recibir la compensación que por derecho les correspondía. Muchos de ellos, hoy en el olvido, siguen esperando lo mínimo: justicia administrativa.

“Fue una administración de saqueo, opacidad y desprecio absoluto hacia el personal operativo”, reveló un jefe de área aún en funciones, cuya identidad reservamos por seguridad. Según sus declaraciones, Sandoval Vargas no sólo abandonó la institución sino que aún hoy —fuera del cargo— continúa usando escoltas y vehículos oficiales como si la corporación fuese de su propiedad.

Este uso indebido de recursos públicos ya está siendo investigado por la Contraloría EstatalPero los problemas no terminaron ahí. Documentación a la que esta redacción tuvo acceso señala que la Dirección de Pensiones del estado no ha recibido los pagos correspondientes a 2023 y 2024 por un monto que rebasa los 23 millones de pesos. Esta omisión sistemática, cometida por la anterior administración, vulneró derechos laborales esenciales y puso en jaque la economía de decenas de familias de policías activos y jubilados.

La deshumanización institucional también dejó huella, ningún reconocimiento, homenaje ni condecoración se brindó a los elementos que concluyeron su vida laboral bajo esa gestión. Un silencio institucional que duele más que la falta de recursos.

Con este panorama, Ramses Vega y su equipo no han tenido margen para improvisar. Con respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la nueva administración ha iniciado un proceso de reestructuración interna que incluye auditorías, recuperación de recursos y diálogo abierto con los elementos de la corporación. Aunque el camino es largo, las primeras acciones buscan sentar las bases para la dignificación del cuerpo policial.

La tarea es titánica, no se trata sólo de sanear finanzas o corregir abusos, se trata de devolver la dignidad a una institución fracturada. El mensaje es claro: en Michoacán, los cuerpos de seguridad deben transformarse desde dentro si se pretende que la ciudadanía vuelva a confiar en ellos.

Y para lograrlo se requiere voluntad política, justicia para los olvidados y compromiso ético para no repetir los errores del pasado. En ese desafío, Vega Sayabedra avanza, no sin obstáculos, pero con la convicción de que la Policía Auxiliar puede volver a ser un pilar en la seguridad de Michoacán.