Por mayoría de votos y luego de que el Congreso de Michoacán validó la autorización al Gobierno del estado para la contratación de deuda por 4 mil 90 millones de pesos con la votación establecida en la Constitución Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación “sobreseyó” o dejó sin efectos la Acción de Inconstitucionalidad promovida por diputados locales de Morena, el Partido del Trabajo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Ley de Ingresos del 2020.
En la sesión plenaria, el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá señaló que tras la publicación en el Periódico Oficial del estado de la nueva votación que se registró en la sesión plenaria del pasado 22 de noviembre, se determinó que ya no existen motivos para la impugnación.
“Del contenido del decreto en referencia se observan modificaciones en el sentido normativo del artículo 26 aquí impugnado por lo que se propone sobreseer respecto del mismo por cesación de efectos derivados de la existencia de un nuevo acto legislativo”.
También por mayoría, los ministros concluyeron que en el proceso legislativo no se presentaron violaciones “con potencial invalidante” de la Ley de Ingresos de Michoacán de este año, por lo que consideraron innecesario invalidar los conceptos que alegaron los legisladores que impugnaron su aprobación.
El ministro González Alcántara Carrancá, explicó las conclusiones respecto a la legislación, que establece el origen de todos los ingresos del estado.
“Se concluye que no existieron violaciones con potencial invalidante en el proceso legislativo que violen la emisión de Ley de Ingresos impugnado, así mismo la consulta señala que ante el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad 99/2020 respecto del artículo 26 de la ley de ingresos impugnada se torna innecesario el análisis de los conceptos de invalidez en los cuales la minoría parlamentaria controvierte la contratación de deuda prevista en ese precepto por no haber sido autorizada por 2/3 partes de los miembros del Congreso estatal”.
Sin embargo, al menos tres ministros anunciaron que promoverían votos particulares en contra, incluido el ponente, al considerar que “sí existieron violaciones de potencial invalidante”.
Como se recordará, en los primeros meses del año, el gobierno del estado desarrollo el proceso para licitación para contratar los 4 mil 90 millones de pesos, que se adjudicaron en partes iguales Banco del Bajío y Banorte, pero únicamente la segunda institución bancaria liberó los recursos.
