Disculpas públicas no libran a Gaona de una investigación: Juan Carlos Barragán

Alejandra Martínez / La Nota Roja

Morelia, Michoacán La legislación michoacana no contempla las disculpas públicas como una vía para evitar responsabilidades en casos de apología del delito, afirmó el diputado local Juan Carlos Barragán Vélez, quien demandó la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) tras la polémica protagonizada por Baltazar Gaona García.

El legislador señaló que la autoridad investigadora tiene la obligación legal de actuar luego de que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado solicitara e interpretara un narcocorrido alusivo al Cártel de Sinaloa durante un festejo por el Día del Padre celebrado el pasado 10 de junio.

Según explicó, el decreto que dio origen a los artículos 163 Quinquies y 163 Sexies del Código Penal estatal no establece la necesidad de una querella para perseguir este delito, por lo que corresponde a la autoridad iniciar actuaciones cuando tenga conocimiento de los hechos.

“Este delito no contempla una disculpa pública como reparación del daño y la Fiscalía michoacana está obligada a iniciar la investigación”, expresó el representante del partido guinda.

Barragán Vélez subrayó que la apertura de una carpeta de investigación puede sustentarse en evidencia pública, como videos, publicaciones en redes sociales, notas periodísticas o reportes de autoridades, sin requerir la comparecencia de una víctima determinada.

El diputado recordó que el 28 de mayo de 2025 la Septuagésima Sexta Legislatura aprobó reformas para castigar la apología del delito, incluyendo la ejecución de narcocorridos en eventos públicos y edificios oficiales. En dicha sesión, Baltazar Gaona García votó a favor de las modificaciones legales.

Dentro de ese contexto, se cantó “Se les peló Baltazar”, interpretado por el grupo Carnavalito. La pieza musical está dedicada a Baltazar Díaz Vega, alias “El Balta”, antiguo socio de Ismael Mario Zambada, conocido como “El Mayo” Zambada, identificado por autoridades como integrante del Cártel de Sinaloa.

La composición relata un operativo frustrado para detenerlo antes de que fuera asesinado en 1995.

La reforma y el decreto actualmente vigentes establecen sanciones de tres a seis meses de prisión y multas de entre 80 y 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes incurran en actos considerados como apología del delito.