En la nueva ley los municipios son vitales para garantizar movilidad y seguridad vial: Julieta García
La recién aprobada Ley de Movilidad y Seguridad Vial en Michoacán brinda un marco normativo donde los municipios adquieren un papel de suma importancia para configurar ciudades más sostenibles en beneficio de la ciudadanía, sostuvo la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Julieta García Zepeda.
Morelia, Michoacán.- Ley de Movilidad y Seguridad Vial en Michoacán brinda un marco normativo donde los municipios adquieren un papel relevante para garantizar que vehículos y vialidades cumplan con el objetivo de mejorar la movilidad, con la idea de configurar ciudades más sostenibles en beneficio de la ciudadanía, sostuvo la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Julieta García Zepeda.
Asimismo, dijo que dicha ley, aprobada recientemente por la 75 Legislatura, prevé transformar a la Cocotra en el Instituto del Transporte del Estado, a fin de fortalecer el trabajo en la dependencia que permita contar con un transporte público más eficiente, siempre en atención de las necesidades de los usuarios.
La nueva ley no solo favorece a transportistas y usuarios, sino que también busca incentivar el uso de bicicletas públicas, colectivas, bicitaxis, además de regular la movilidad del sector agrícola y las plataformas digitales que ofrecen servicios de transporte, resaltó la presidenta de la comisión de Comunicaciones y Transportes de la 75 Legislatura.
De acuerdo con el nuevo marco normativo, la prioridad es el desplazamiento de las personas con discapacidad, peatones, ciclistas y otros grupos en situación de vulnerabilidad y, de esta forma, se establecen las bases para garantizar el derecho humano a la movilidad, en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, eficacia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, indicó.
Finalmente, recordó que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial en Michoacán se construyó con las opiniones y aportes de distintos sectores sociales a través de un parlamento abierto, donde se llevaron a cabo 9 foros regionales, ponencias y consultas ciudadanas, en los que participaron con propuestas, representantes del Poder Ejecutivo, funcionarios municipales, integrantes del gremio transportista y de la sociedad civil.
