En Michoacán el reclutamiento forzado no es un delito; propone Memo Valencia castigarlo con hasta 40 años de prisión
Si ya existiera este delito en el Código Penal, delincuentes recientemente detenidos, como ‘El Sierra 1’, recibirían penas más severas, consideró el diputado local priista.
Morelia, Mich..- Una pena de hasta 40 años de cárcel propone el diputado del PRI, Memo Valencia, para castigar con severidad a quien obligue a otros a integrarse a la delincuencia, y este sea más grave «cuando el reclutamiento se realice en contra de menores de edad, personas de la tercera edad o personas pertenecientes a comunidades indígenas».
Recordó que, si estas modificaciones ya existieran en el Código Penal estatal, delincuentes como ‘El Sierra 1’, detenido recientemente, tendría que responder por este delito que se ha convertido en un gran problema en toda la entidad, no solo en la zona de influencia de este criminal.
«Habría un concurso de delitos y tengan la certeza que para la autoridad sería más fácil castigarlo. Y también que el juzgador tendría la posibilidad de sentenciarlo a más años de cárcel», dijo.
Señaló que, así como la zona de Morelia ha padecido este fenómeno del reclutamiento forzado de personas, hay municipios de Tierra Caliente, como Apatzingán, donde también se presenta.
«Ojalá y se pueda dictaminar al respecto y hagamos de eso una realidad que estamos seguros que las barreras políticas que tenemos nos lleven a coincidir en acelerar estos temas para que sean pronto una realidad, porque acabamos el periodo legislativo, pero los delincuentes, secuestradores, integrantes del crimen organizado, no tienen vacaciones», pidió.
El diputado Memo Valencia insistió en legislar este tema de forma rápida, porque el que no sea considerado un delito no es responsabilidad del gobernador o de la presidenta del país, sino de los propios diputados.
La iniciativa que reforma la denominación del Capítulo III del Título Sexto del Libro Segundo, y los Artículos 173 y 174 del Código Penal del Estado de Michoacán, fue apoyada por diputados de diversos grupos parlamentarios y turnada a la Comisión de Justicia.
