Entre prisas y dudas: Congreso de Michoacán avala desincorporación de 38 inmuebles y revive críticas de opacidad
Morelia, Michoacán. — En medio de un debate marcado por acusaciones de irregularidades legislativas, falta de transparencia y divisiones incluso dentro del propio partido gobernante, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó la desincorporación de 38 predios e inmuebles propiedad del estado, una decisión impulsada por el gobierno del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla que generó fuertes cuestionamientos sobre el manejo del patrimonio público.
La discusión legislativa se extendió por varias horas por lo que varios diputados calificaron como violaciones a los procedimientos parlamentarios, costumbre que a ultimas fechas se han vuelto recurrentes en la actual 76 Legislatura. El dictamen finalmente fue aprobado con 29 votos a favor y 11 en contra, pese a las protestas de legisladores que denunciaron opacidad y posibles riesgos de subvaluación de bienes públicos.
De acuerdo con el decreto aprobado, la Secretaría de Finanzas y Administración transferirá la titularidad fiduciaria de 25 de los inmuebles al Fideicomiso de Impulso y Desarrollo para el Estado de Michoacán (FIDEMICH), organismo que tendrá la facultad de administrarlos, venderlos o incluso donarlos, bajo el argumento de garantizar transparencia y obtener las mejores condiciones para el estado.
Además, ocho predios serán donados a ayuntamientos, uno al propio Congreso y cuatro más al Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Procedimientos cuestionados
Durante el debate, la diputada Sandra Olimpia Garibay Esquivel intentó frenar el dictamen mediante una moción suspensiva, argumentando que su comisión —Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda— fue excluida del proceso de dictaminación, pese a tratarse de un tema directamente relacionado con su ámbito legislativo.
Sin embargo, su solicitud fue desechada con 25 votos en contra. Posteriormente presentó mociones aclaratorias para conocer por qué su comisión no fue tomada en cuenta, pero el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, sometió incluso esa solicitud a votación, una acción que no está contemplada en la Ley Orgánica del Congreso, pero que fue respaldada por la mayoría legislativa, evitando así que se diera una explicación formal.
El episodio evidenció un manejo del debate legislativo que para varios diputados buscó cerrar la discusión sin aclarar dudas de fondo.
División en la llamada Cuarta Transformación
El dictamen también provocó fracturas dentro de Morena, donde algunos legisladores se alinearon con la oposición para advertir sobre posibles riesgos en la venta del patrimonio estatal.
Las diputadas Itzé Camacho, Belinda Iturbide, Sandra Olimpia Garibay Esquivel y el diputado Juan Carlos Barragán Vélez cuestionaron la falta de claridad sobre los avalúos de los predios y advirtieron que algunos podrían terminar vendidos por debajo de su valor real.
Desde la oposición, la diputada de Movimiento Ciudadano, Grecia Aguilar Mercado, puso como ejemplo un terreno en Zitácuaro cuyo valor comercial sería cercano a 44 millones de pesos, pero que en el decreto aparece valuado en 19 millones, lo que alimentó sospechas sobre posibles subvaluaciones.
Por su parte, la morenista Itzé Camacho advirtió que la donación de predios al IMSS podría servir como “fachada” para facilitar la venta de otros inmuebles, anticipando que empresarios, funcionarios y exfuncionarios podrían terminar interesados en adquirirlos.
“No somos iguales”… pero las comparaciones persisten
Durante el debate, los diputados afines al gobierno defendieron la iniciativa insistiendo en que “no somos iguales”, en referencia a las críticas que el actual oficialismo hizo en el pasado al gobierno del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, cuando se planteó la desincorporación de bienes del estado.
La diputada Melba Albavera Padilla aseguró que la aprobación no representa un cheque en blanco para el Ejecutivo estatal y que el objetivo es capitalizar bienes improductivos, no rescatar finanzas públicas como ocurrió en administraciones anteriores.
En el mismo sentido, el legislador Iván Arévalo Vera afirmó que el decreto establece reglas claras para evitar discrecionalidad, calificando de irresponsables las comparaciones con gobiernos pasados.
Un debate que revive viejas críticas
No obstante, para varios legisladores y analistas el episodio revive las mismas críticas que la actual clase política hizo en el pasado: falta de consulta pública, poca transparencia en el manejo del patrimonio estatal y decisiones tomadas con mayoría legislativa pero sin consenso ni claridad total sobre el destino de los bienes.
Así, mientras el gobierno estatal sostiene que se trata de una estrategia para dar utilidad a inmuebles improductivos, la oposición —y parte de Morena— advierte que la desincorporación de 38 propiedades podría convertirse en una nueva polémica sobre el manejo del patrimonio de Michoacán.
