La coalición oficialista y la opositora en el Congreso impulsan en conjunto una reforma que busca limitar las facultades del tribunal electoral.
Algo que no se pensó qué pudiera ocurrir en los tiempos de la autodenominada Cuarta Transformación(4T) sucedió.
Este hito es que la coalición oficialista, que está conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT), y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), logró pactar que se impulse una reforma constitucional junto con la coalición opositora, que está conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La cuestión que logró unir a los acérrimos rivales fue una propuesta con la que se busca limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Sin embargo, es importante mencionar que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) ha rechazado esta propuesta, pues aseguran que esta reforma constitucional es una regresión democrática, con la cual se pretende avalar una ampliación del control discrecional de los partidos. De esta forma, declararon que la reforma al TEPJF no busca perfeccionar el cumplimiento de la ley electoral, sino, al contrario, busca evadirla.
Ante esta increíble situación, consideramos necesario desglosar los cambios que están proponiendo la mayoría de las fuerzas políticas nacionales en esta reforma constitucional.
¿De qué va?
Como se mencionó anteriormente, esta reforma constitucional tiene como objetivo limitar las facultades del TEPJF.
El periodista Juan Ortiz refiere que esta propuesta busca evitar que las autoridades judiciales en materia electoral pueda «intervenir en las decisiones de partidos políticos y grupos parlamentarios en el Congreso».
De acuerdo con información de El País, esta iniciativa argumenta que los magistrados del TEPJF en diferentes ocasiones, han excedido sus facultades de interpretación de las leyes, lo que ha provocado que estos mismos generen nuevas normas, por lo que se considera que han invadido el ámbito de competencia del Poder Legislativo.
¿Qué artículos se reforman?
La propuesta de reforma busca modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los cambios al artículo 41 comprenden que si bien el Tribunal Electoral podrá identificar algunos aspectos donde la legislación no protege los derechos humanos, no podrá vincular al Legislativo a acatarlas.
Mientras que en el caso de los partidos políticos, estos establecerán en sus normas estatutarias las reglas para la designación de sus dirigencias, así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados.
En lo que respecta a los cambios en el artículo 73, especifíca que es facultad del Congreso “establecer de forma exclusiva medidas afirmativas para el acceso de personas pertenecientes a grupos vulnerables al goce y ejercicio de derechos político-electorales, y para el cumplimiento del principio de paridad de género”.
Lo relativo al artículo 99 incluye que el Tribunal Electoral deberá «resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley”. Finalmente, pretende otorgarrle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la facultad para resolver las controversias que se susciten al interior de las Cámaras del Cogreso de la Unión.
¿Qué afectaciones tendría?
El medio de origen español enfatiza que, en realidad, este proyecto de reforma está precedido por sentencias judiciales que «han frustrado actos irregulares cometidos por los propios partidos o que han garantizado el acceso de grupos vulnerables a cargos de elección popular».
Con esto en cuenta, el periodista Juan Ortiz destaca que, de aprobarse la reforma constitucional, grupos vulnerables serán los más afectados. En este caso, estos grupos serían los siguientes:
- Mujeres
- Personas indígenas y afromexicanas
- Personas con discapacidad
- Comunidad LGBT+
- Militantes de partidos
