Los integrantes de la 74 Legislatura durante sesión ordinaria de este jueves, exhortaron al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se revise y fortalezca la estrategia de seguridad.
La propuesta presentada por el diputado Javier Paredes Andrade, expone que la incertidumbre y el desconocimiento sobre la epidemia COVID-19 ha obligado a los gobiernos aplicar medidas extraordinarias, las cuáles han jugado un papel trascendental en las determinaciones que nos permitirán en algún punto, ingresar a un escenario de recuperación.
No obstante, existen aún factores que ponen en peligro una pronta recuperación económica, puesto que en nuestro país se ha incrementado la inseguridad, siendo testigos de casos como el de Giovanni López en Jalisco, Melanie en la Ciudad de México o Yahír López en Tijuana, en donde el abuso de autoridad por parte de los cuerpos policíacos ha quedado reflejado, generando que los ciudadanos, lejos de sentirse protegidos por los elementos policíacos, más bien exclamen enojo e impotencia ante dichos casos de abusos.
“De acuerdo al Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encontramos que con todo y el confinamiento generado por la contingencia sanitaria, en Michoacán no ha disminuido la incidencia delictiva; por el contrario, se ha agudizado; pues en los primeros 5 meses de este 2020, se han registrado un total de 52 enfrentamientos incluyendo emboscadas a los cuerpos de seguridad de los diferentes órdenes de gobierno; más de 400 cadáveres localizados con evidentes marcas de violencia, entre otros”, lamentó el legislador local.
De lo anterior, Paredes Andrade consideró la necesidad de que el Estado no distraiga a los cuerpos policíacos en la repartición de despensas para las familias más vulnerables, sino que su función primordial es otras instancias como el Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF), quienes con toda trayectoria y experiencia en la instauración de logística, vehículos y trabajadores especializados, puedan acudir a los hogares a entregar la ayuda alimentaria.
Además, reconoció que como representantes de la sociedad no basta con identificar la problemática de seguridad, sino se tiene la obligación de dar respuesta a las necesidades de seguridad de los ciudadanos; por lo que resulta prioritario replantear las políticas públicas y acciones que aseguren que la sociedad disfrute del respeto a sus derechos.
Finalmente, consideró prioritario que el titular del Poder Ejecutivo ponga en práctica una estrategia integral que permita, en un marco de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, atacar el origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia y en general todos los aspectos que puedan poner en riesgo la seguridad pública.
