Expertos y legisladores piden reforzar la defensoría pública con la reforma judicial
Magistrados y especialistas en temas de Derecho pidieron a los diputados federales de Morena no dejar fuera de la reforma al Poder Judicial a los defensores de oficio, ya que, aunque cientos de miles de mexicanos buscan ayuda de estos abogados cuando tienen un problema legal, no hay un plan para dotarlos de más recursos y ayudarles a hacer un mejor trabajo.
La opinión de Mery Ayup fue la primera de muchas que se pronunciaron en el mismo sentido, luego de que el propio Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena, reconoció que la reforma al Poder Judicial no contempla reforzar a las defensorías públicas.
Mery Ayub aprovechó el espacio para informar que en México existen 6 mil 363 defensores públicos locales, los cuales atienden casi 2 millones de asuntos anuales, es decir, un promedio de 360 por asesor. En Coahuila esa cifra sube a 800 expedientes anuales por abogado.
El penúltimo foro de la reforma al Poder Judicial se alejó del tema que ha absorbido la mayor parte del debate sobre la iniciativa: la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Algunos participantes sacaron a la luz el tema, pero las dificultades en las que trabajan los defensores de oficio dejaron en claro que los problemas de justicia en México van más allá de la selección de nuevos juzgadores.
Tassia Cruz Parcero, magistrada de Circuito y directora del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), puso de ejemplo a la dependencia a su cargo, en la que trabajan mil 190 abogados y asesores, quienes atendieron 134 mil asuntos todo el 2023 y hasta abril del 2024.
Ante este panorama, la titular del IFDP propuso a los legisladores emitir una ley general que, entre otros temas, homologue los servicios de defensoría pública; establezca distribución de competencia y coordinación entre la Federación y los estados; garantice la autonomía técnica y de gestión de las defensorías federal y locales; asegure la asignación presupuestal necesaria para que los abogados de oficio tengan un buen salario y para que haya personal suficiente y capacitado para atender todos los asuntos de los mexicanos.
“En el contexto de la discusión nacional sobre la pertinencia y necesidad de una reforma que mejore las condiciones del acceso a la justicia en favor de todas las personas, reforzar a la defensoría pública federal y a las defensorías de cada una de las entidades federativas es una tarea impostergable”, expresó Cruz Parcero.
Expertos y diputados se suman a exigencia de reforzar defensorías públicas
La reforma al Poder Judicial empezará a ser discutida por la Cámara de Diputados a partir del 22 de agosto, según el calendario que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó para analizar las últimas reformas a la Constitución del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La reforma al Poder Judicial ha sido debatida en ocho foros desde el 27 de junio. Todavía el 8 de agosto se llevará un último encuentro en el estado de Sinaloa, donde estará a discusión el papel de los ministerios públicos en el acceso a la justicia, otro tema que tampoco fue incluido en la iniciativa enviada por López Obrador.
En el encuentro de este martes 6 de agosto en Saltillo, Coahuila, hubo participación de expertos en Derecho y diputados federales que también consideraron necesario reforzar las defensorías públicas en favor de la gente.
“Lo que realmente le afecta a la gente día con día, en la justicia cotidiana, es no tener acceso a una defensa, no tener acceso a alguien que les defienda su problema y les dé la justicia. Eso es lo que deberíamos estar viendo, no la forma en la que se elegirá a los juzgadores y juzgadoras”, expresó Miguel Rodarte, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN).
Incluso Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT) y próximo senador de Morena, reconoció que a la reforma Poder Judicial le hace falta abordar el tema de las defensorías públicas en el país.
“No está en la iniciativa y se debe hacer parte de la reforma constitucional porque, como aquí se dijo, el 84% del pueblo va con defensores de oficio sobrecargados, mal pagados, vistos por encima del hombro por sus colegas”, expresó el legislador del PT.
Especialistas como Sandra Lucía Rodríguez Wong, profesora en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, se sumaron a este llamado al señalar que las defensorías públicas operan con menos recursos que los ministerios públicos, a pesar de que también colaboran en la procuración de justicia.
“La falta de recursos acarrea problemas operativos como la falta de personal para la atención de asuntos. La insuficiencia del personal reduce la afectividad de la carga de trabajo. Los estudios revelan cuántos asuntos atiende cada defensor público”, dijo Rodríguez Wong.
Trabajadores del Poder Judicial toman la palabra
El octavo foro de discusión se caracterizó no solo por el debate en torno a las defensorías públicas, sino que un grupo de trabajadores del Poder Judicial, inconformes con la reforma, logró entrar al evento.
“¡Reforma judicial, fracaso nacional!”, exclamaban los trabajadores que entraron al salón Villa Ferré, en el que se llevó a cabo el encuentro. Los empleados del Poder Judicial interrumpieron a Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena, quien accedió junto con Ricardo Monreal, líder del Senado del mismo partido, a otorgarles la palabra.
Los manifestantes estuvieron representados por Diana Berenice López Gómez y por José Guadalupe Méndez Lira, quienes centraron su participación en defender la carrera judicial; en criticar la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, y en las acusaciones de corrupción que Morena ha lanzado contra todo el Poder Judicial.
“Es evidente que con la votación de jueces y magistrados, más allá de los ministros, las aspiraciones profesionales de todos los que formamos por más de hasta 25 años el Poder Judicial federal, se van a ver truncadas”, expresó López Gómez.
La trabajadora del Poder Judicial expresó que sus jornadas laborales pueden ser de hasta 12 horas y, pese a su esfuerzo, no reciben aumentos salariales y los recortes de presupuesto, ordenados en la Cámara de Diputados, terminan por afectar a la base trabajadora.
“Nosotros nos dedicamos día a día, con profesionalismo y fuerza, a dar lo mejor que tenemos. Queremos ser escuchados, queremos que nos incluyan”, mencionó López Gómez.
Su compañero José Guadalupe Méndez Lira, líder sindical de los trabajadores de Zacatecas, añadió que ellos “repudian” la reforma porque se basa en la idea de que el Poder Judicial “es corrupto, lleno de nepotismo, lleno de influyentismo y que se dedica a defender únicamente a la clase privilegiado y obedece a factores de poder”.
La intervención de los trabajadores al Poder Judicial fue aplaudida por sus compañeros que lograron entrar al inmueble, mientras otros 600 de ellos se quedaron afuera, según lo expresado por los mismos empleados que tomaron la palabra.
Sin embargo, no todo fueron aplausos. El diputado federal Gerardo Fernández Noroña criticó que José Guadalupe y Diana Berenice usaron los mismos argumentos que utilizan los especialistas y la oposición para rechazar la reforma al Poder Judicial.
“A mí me parece muy delicado que el discurso de los trabajadores coincida con el discurso de todas las personas que han venido a hablar aquí en contra de la reforma”, dijo Fernández Noroña, al cuestionar por qué ambos participantes no hablaron más de las malas condiciones laborales que les ofrece el Poder Judicial a sus empleados.
“Yo pensé que iba a hablar alguna trabajadora humilde, de limpieza, outsourcing que ni siquiera se le reconocen sus derechos, que no existen para la mayoría de las personas, que los ven como si fueran invisibles y nadie habló aquí de sus derechos”, siguió criticando Noroña.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) salió en defensa de los trabajadores que fueron criticados por Gerardo Fernández Noroña.
“La JUFED expresa su reconocimiento y apoyo a las y los trabajadores, así como a las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, que se manifestaron de manera legítima en el Diálogo por la reforma al Poder Judicial en Saltillo, Coahuila, en defensa de la independencia judicial, la carrera judicial y sus derechos”, expresó la organización en sus redes sociales.
La redacción de la reforma al Poder Judicial
El foro de la reforma al Poder Judicial en la ciudad de Saltillo, Coahuila se trató de la “penúltima parada” de los Diálogos Nacionales organizados por la Cámara de Diputados, previo a la discusión de la reforma. El último evento de discusión se llevará a cabo el 8 de agosto en Sinaloa.
Según lo previsto por los legisladores morenistas, a partir del 9 de agosto se comenzarán a incluir en la reforma judicial las aportaciones que ministros, magistrados, jueces, expertos, organizaciones y trabajadores hicieron en los foros de discusión.
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El 15 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el primer lugar donde se debatirá el tema, circulará a los legisladores una nueva versión de la reforma.
Finalmente, el 22 de agosto se tiene programada la discusión de la reforma al Poder Judicial en la Comisión. Posteriormente, en el mes de septiembre, la iniciativa será discutida por los 500 legisladores que forman parte del Pleno de la Cámara de Diputados.
