El juez de Primera Instancia en Materia Penal, adscrito al Distrito Judicial Morelos, Chihuahua, libró este martes una orden de aprehensión contra Bertha Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte, ex gobernador de dicha entidad.
De acuerdo con la autoridad judicial, la orden se promovió durante una audiencia privada y consta en el expediente de amparo 239/2020, tramitado ante el Juez Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México; sin embargo, no se especifica el delito por el cual se ordenó esta medida.
Gómez Fong había promovido un amparo contra una orden de aprehensión con fines de extradición en su contra; no obstante, el juez a cargo negó la suspensión definitiva, de tal modo que la orden entró en vigor.
El ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue arrestado el pasado 8 de julio en Miami, Florida, por policías de Estados Unidos, esto en cumplimiento de una ficha roja de la Interpol solicitada por Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
En ese momento, la fiscalía buscaba a Duarte Jáquez por 11 órdenes de aprehensión pendientes en territorio azteca, las cuales están relacionadas con una presunta responsabilidad en delitos como peculado, desvío de recursos con fines electorales en favor del PRI, fraude, corrupción y lavado de dinero.
Al finalizar el periodo de Duarte, dejó en Chihuahua una deuda pública de 48,000 millones de pesos, afectación al erario local por 6,000 millones de pesos y tiene un caso abierto por desvíos de recursos por 250 millones de pesos durante 2015.
Sin embargo, tras una serie de observaciones por distintas instancias, el gobierno federal decidió reintegrar una nueva carpeta de investigación, pues la anterior, la que se elaboró durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, tenía debilidades jurídicas que podrían dar pauta a que el presunto delincuente quedara en libertad.
“Acerca de cómo se presentan las solicitudes de extradición. En el caso del ex gobernador de Chihuahua sí se rehizo el expediente o se buscó corregirlo, porque no procedía como estaba originalmente; entonces, sí hubo una corrección de la autoridad competente, esto lo hizo la fiscalía, pero sí intervino Relaciones Exteriores para que se repusiera el procedimiento. No sabemos si estaba hecho mal intencionalmente o eran malos los abogados, que también puede pasar”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina del 29 de julio.
Entre otras cosas, con la detención de Duarte Jáquez, la óptica nacional se volcó, nuevamente, a la llamada “Operación Safiro” que, de acuerdo con una publicación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) del 21 de noviembre del 2018, por medio de 12 empresas fantasmas, los gobiernos de los estados de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México y la delegación Milpa Alta desviaron millones de pesos al PRI.
Al respecto, Ricardo Yáñez, ex titular de la Secretaría de Educación de Chihuahua, declaró ante el Ministerio Público que durante una reunión en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido explicaron que no se tenía que preocupar por las empresas fantasmas pues “estaban blindadas por parte del SAT (apéndice de la SHCP) y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar”. Cabe señalar que Yáñez Herrera ya fue sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de desvío de recursos.
De acuerdo con lo documentado, el monto total de desvíos fue de 649,327,686 pesos, donde cada estado “aportó” al partido de la siguiente manera:
Chihuahua: 246,000,000
Durango: 230,400,000
Sonora: 140,591,669
Morelos: 16,404,800
Colima: 15,142,316
Edomex: 488,900
Milpa Alta : 300,000
