Habría localidades en las que con el pretexto de la delincuencia organizada las personas se servirían de las armas en su propio beneficio.
Morelia, Mich.- Tras el asesinato del exlíder de autodefensas, Hipólito Mora Chávez, la Fiscalía General del Estado (FGE) expresó que aún persisten grupos de civiles armados que operarían fuera de la ley.
Esto lo expresó el titular de la FGE, Adrián López Solís, luego de que el hermano del finado exlíder de autodefensas, Guadalupe Mora Chávez, avisara que los residentes de La Ruana podrían retomar las armas como en 2013 para buscar justicia ante los hechos del 29 de junio y la violencia suscitada en la región por el cartel Los Viagra.
En ese contexto, López Solís mencionó que los civiles se disfrazan de guardias comunitarios, pero usan las armas en su propio beneficio y fuera de la ley, específicamente en la zona aguacatera de Ario de Rosales, en la parte baja del Río Balsas y en la Tierra Caliente del lado de la región costera de Michoacán, lo que mantiene las alarmas del gobierno estatal y la FGE, que esperan apaciguar dichos territorios.
Asimismo, el fiscal michoacano refirió que los presuntos civiles armados buscarían intervenir en el proceso financiera de las tres regiones en su propio beneficio, con base en las armas, lo que ocurriría incluso en La Huachana y Santa Clara del Cobre, si bien iría en descenso en un municipio históricamente aquejado por el crimen como Nueva Italia.
Según datos del gobierno estatal, serían diez los municipios en que hay grupos de civiles armados: Aguililla, Aquila, Buenavista, Coalcomán, La Huacana, Los Reyes, Tancítaro, Tepalcatepec, entre otros, en los que existe un enfrentamiento continuo entre carteles del narcotráfico.
Cabe reiterar que las declaraciones de Adrián López tienen lugar tras el asesinato el 29 de junio de Hipólito Mora y la advertencia de su hermano Guadalupe Mora, quien expresó que de no atajarse la violencia y no haber justicia para el exlíder de autodefensas, podrían retomarse las armas en La Ruana, algo sobre lo que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla indicó que no se toleraría, tal como en 2013, por lo cual los civiles serían procesados.
