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José Ramón Cossío: Sheinbaum y quien desacate sentencia de la Corte podrían ser destituidos; decisión no pasaría por el desafuero

Este miércoles 30 de noviembre el ministro en retiro, José Ramón Cossío, advirtió que, luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó discutir el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que pretende invalidar parcialmente la reforma judicial el próximo 5 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum, diputados, senadores y otras autoridades, podrían ser destituidas del cargo en caso de desacatar la sentencia del Máximo tribunal sin necesidad del desafuero.

“Podría suceder que los diputados, los senadores, la Presidenta de la República dijeran ‘nosotros no hacemos caso de esto’ (…) Ahí puede venir una escalada peligrosísima, y ojalá la racionalidad se imponga, porque en caso de que se diera esta situación, los ministros podrían considerar que hay un desacato por parte de los diputados, los senadores y algunas otras autoridades, y los ministros, con base en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución y sus aplicaciones al 105, podrían considerar que hay que remover, hay que destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia”, expresó Cossío Díaz en entrevista con la periodista Azucena Uresti.

Además, el ministro en retiro afirmó que para ello no se necesitaría el desafuero, pues este es el único caso donde se rompe el “monopolio del ejercicio de la acción penal”.

“No pasaría por el desafuero, porque es una decisión que históricamente la Suprema Corte considera que eso no tiene que pasar por Cámara, ni tampoco tiene que pasar por la acusación de la Fiscalía con la apertura de una carpeta de investigación, es el único caso donde se rompe lo que se llama el monopolio del ejercicio de la acción penal”, aseguró.

Asimismo, Cossío Díaz explicó que de este modo los ministros de la Corte pueden consignar directamente ante un juez de distrito a las personas que considere que están en rebeldía al cumplimiento de la sentencia para que éste aplique la pena por delitos contra la administración de justicia.