La ONU pidió a López Obrador modificar o anular el acuerdo de militarización de las calles en México

Expertos del organismo internacional alertan que hay puntos en el acuerdo de estas acciones que impiden corroborar que se cumplen los estándares internacionales en derechos humanos.

Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hicieron una petición al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: modificar o –de plano– anular el acuerdo en el que se establece la disposición de las Fuerzas Armadas –el Ejército y la Marina– para la realización de labores en materia de seguridad pública.

Esto en un intento más de la ONU para lograr que el gobierno mexicano cumpla con las convenciones y tratados a nivel internacional respecto al tema de derechos humanos.

Según el semanario Proceso, en una carta a la que tuvieron acceso, el pasado 9 de octubre el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada del organismo internacional junto con Agnes Callamard, relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales; Clement Nyaletossi Voule, relator especial sobre Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación, y Nils Melzer, relator especial sobre Tortura hicieron este llamado al presidente López Obrador, puntualizando que aclare los puntos del acuerdo que él mismo echó a andar, subrayando que no concuerdan con los estándares internacionales sobre el papel de las fuerzas del tipo militar.

Como pedido prioritario, Naciones Unidas le pide a México anular el punto que impide establecer que el despliegue del Ejército y la Marina tendrá una duración máxima de cinco años y urgen como necesidad el fijar una ruta de salida que materialice el retiro gradual –una vez cumplido el límite de tiempo– para que realice de una forma ordenada, verificable, además de que establezca también plazos definidos para la realización de tareas que no les son propias.

Dicho medio también destaca que en la misiva el grupo de expertos cuestiona dicho acuerdo llevado a cabo por López Obrador y que entró en vigor el pasado 12 de mayo –con supuesta vigencia el 27 de marzo de 2024–. Los analistas señalan que carece de información que permita evaluar la operación de lo establecido, a fin de verificar sí se actúa de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.

En el documento enviado a México, los expertos de la ONU también reclamaron que la Guardia Nacional actúa de facto como un cuerpo militar, argumentando que los elementos en sus filas provienen de las filas del Ejército y la Marina, advirtiendo que dichas dependencias se han desenvuelto en un contexto del uso sistemático de la fuerza, en el que va implicada la comisión de delitos como tortura, violación sexual, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales; todos estos respaldados dentro del marco de la política de seguridad de combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Proceso también indica que, por su parte, el gobierno mexicano respondió a estas peticiones a través de la Cancillería, el pasado 23 de octubre. Sin embargo, indican que no aclararon los puntos claves que apuntaron los expertos del organismo.

Respecto a este asunto de la actuación de las Fuerzas Armadas en las calles, cabe señalar que después de que organizaciones de la sociedad civil pidieran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se revisara el acuerdo militarista del presidente Andrés Manuel López Obrador, un juez federal falló, el pasado mes de octubre, a favor del amparo de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), que se opuso al decreto que permitía la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024.

Martín Adolfo Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, indicó que el acuerdo busca incorporar a las Fuerzas Armadas dentro del sistema ordinario y permanente de seguridad interior en tiempos de paz.

Este hecho, puntualizó, se contrapone a las condiciones constitucionales de validez sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, mismas que fueron establecidas por la jurisprudencia de la SCJN, por lo que violaría a la Constitución, a la propia Suprema Corte y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.