La seguridad y la nación | El último eslabón
Hugo Rafael Sánchez González*
Apropiándose cada vez más sobre las funciones de seguridad pública, los integrantes de la SEDENA, en su mayoría, reconocen que no fueron formados para realizar dichas tareas; sin embargo, el experimento que se realiza en los estados de Guanajuato y Jalisco, está costando muy caro para la ciudadanía, ya que integrantes de la Policía Militar, relevan al personal proveniente de la extinta Policía Federal, con especialidad en la vigilancia de las carreteras, pero esta vigilancia conlleva implícito, como bien lo señala la propia Constitución, profesionalismo, y ¿qué es el profesionalismo? Es la característica de una persona para realizar de manera eficiente una especialización, ese es un factor importante, una especialización, no puede haber policías realizando un sinfín de tareas no propias de su formación, de ahí que dicha especialización implique conocimientos tan básicos como: la protección de los derechos humanos, legalidad, negociación, detenciones legales, vigilancia preventiva, y resolución de conflictos, uso legal de la fuerza, medicina táctica, custodia y traslado de personas, conducción de vehículos de emergencia, etc., y quienes cuentan con esta formación precisamente son aquellos a quienes se pretende relevar encargados de la vigilancia carretera; sin embargo, dicho relevo será por integrantes de Policía Militar, quienes dentro de SEDENA son formados y cumplen 3 tareas primordiales. 1.- Garantizar la seguridad, integridad e independencia del país (defensa nacional), 2.- Garantizar la Seguridad Interior del país, (protección a instituciones), y 3.- Coadyuvar con la población civil en caso de emergencia (necesidades públicas). Por lo anterior, la formación de dicha Policía Militar, no es focalizada a las necesidades de seguridad que requiere un ciudadano común, amén de uno de los principios básicos constitucionales de seguridad, la prevención del delito, a saber, se trata de realizar todas aquellas acciones y programas encaminados a que el delito no se produzca o no se materialice, pero como bien sabemos, las funciones de los militares en seguridad siempre han sido reactivas y no preventivas.
Ahora bien, el 07 de diciembre de 2018, en Ginebra, Suiza, un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud, indica que las muertes por accidentes de tránsito continúan aumentando, con un promedio anual de 1.35 millones de muertes. El informe de la OMS sobre el estado mundial de la seguridad vial 2018 destaca que las lesiones causadas por el tránsito son ahora la principal causa de muerte de niños y jóvenes de 5 a 29 años. “Estas muertes son un precio inaceptable para pagar por movilidad”, dijo el Director General de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. “No hay excusa para la inacción. Este es un problema con soluciones probadas. Este informe es un llamado a los gobiernos y socios a tomar medidas mucho mayores para implementar acciones”.
Atendiendo dicho informe, resulta imperante la necesidad no sólo de la atención legal sobre el tratamiento de los delitos, además entonces, la aplicación de las Leyes y Reglamentos que regulan el tránsito en las vías de circulación, tanto federales como estatales, pero el problema aquí, es que los militares que relevan a los integrantes de la GN provenientes de la extinta Policía Federal, no cuentan con las facultades legales para la aplicación de las normativas en cuanto a la circulación, dicho de otra manera, existirá una total impunidad en la violación a las mismas, podrás viajar violentando toda norma de circulación sin que exista alguna autoridad que corrija esas conductas, esto suena atractivo para muchos ciudadanos, que podamos hacer lo que queramos, pero genera resultados muy costosos para los gobiernos, además de una total ingobernabilidad, sin dejar de observar que la reforma constitucional de 2008, exige personal profesional con conocimientos técnicos en algunas materias, como son los hechos de tránsito, ya que los informes emitidos por los policías son informes técnicos que resolverán controversias legales, para los cuales se requiere de cierta expertise y conocimiento, pero la prisa de la SEDENA por tomar el control total de todas las vías de comunicación en México es mayor, ya que sólo disponen del resto del sexenio para lograrlo, por ello sus experimentos en los estados de Guanajuato, Jalisco y Oaxaca, experimentos con la sociedad, si algo sale mal, la sociedad paga poniendo los lesionados y los muertos para que sus policías militares practiquen, otra forma de corrupción que no se denuncia, funcionarios públicos en tareas de las cuales carecen totalmente de conocimiento.
Grandes preguntas que aún debemos hacernos, ¿Quiénes son los militares pertenecientes a esa cúpula de poder en SEDENA que se está encargando de orquestar todos estos movimientos? ¿Qué es lo que ofrecen a López Obrador a cambio de esos jugosos presupuestos tanto de SEDENA como a la Guardia Nacional y el posicionamiento y control de la completa movilidad en territorio nacional?
Una hipótesis que puede sonar no tan alejada a la realidad, es que el interés por el control de la SEDENA de todos aquellos lugares que representen un tema de movilidad para el país, como las aduanas, fronteras, puertos, aeropuertos y carreteras, donde puede entrar, circular, y salir del país, todo tipo de mercancías, legales e ilegales, viene a retumbar y relacionarse con la recién detención y liberación del ex-secretario de la SEDENA, General Cienfuegos, quien fue señalado por la DEA por estar inmiscuido con la organización criminal de Juan Francisco Patrón, el H2, quien absorbió los manejos del Cártel de los Beltrán Leyva, después de que Marcos Arturo Beltrán Leyva, líder de dicho cártel, fue muerto por la Marina en el centro de Cuernavaca, Morelos, con quien García Luna concretó muchos negocios para el trasiego de drogas. La detención del General, culmino después de que Edgar Veytia, ex-fiscal de Nayarit fuera detenido por la DEA, y quien con sus declaraciones en E.U., evidenció la participación del General, la cual consistía en brindar protección al Cártel Beltrán Leyva para que este expandiera su territorio, así como librar operativos contra la delincuencia organizada, según los expedientes de la justicia norteamericana, Cienfuegos habría apoyado al H2 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y conjuntamente el exfiscal Veytia daba inmunidad al cártel, en materia de tráfico de drogas y le permitió incurrir en otros delitos, hasta que Patrón Sánchez fue abatido el 9 febrero de 2017, durante un operativo ejecutado por la Secretaría de Marina en la colonia Lindavista, en Tepic, Nayarit, por un helicóptero de la Secretaría de Marina, que descargó varías ráfagas de balas contra el inmueble en el que se encontraba.
Pues bien, el General libró la detención de la DEA en E.U, después de que el presidente López Obrador amenazara con expulsar a esa unidad de México, además de que las acusaciones señalan la protección del General para que las drogas lleguen a los E.U., durante un gobierno demócrata, Barack Obama, y toda esta evidencia fue recolectada por la DEA durante un gobierno republicano, Donald Trump, lo que hace presumir que el tema del General podría involucrar además al gobierno de Obama, pero con las elecciones en E.U. tan próximas, donde se perfilaba nuevamente un gobierno demócrata a la sucesión presidencial, Joe Biden, fue que se facilitó su liberación; sin embargo, los americanos aún cuentan con ese as bajo la manga, la evidencia con la que cuentan sobre el General, es de imaginarse que este no regresará a los Estados Unidos. Además, el pasado 08 de octubre, se celebró el Diálogo de Alto Nivel en Seguridad (DANS), con funcionarios de los E.U., quienes arribaron a Palacio Nacional para entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros de su gabinete. A este encuentro privado, acudieron el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken; el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general, Merrick Garland. Aunque no se saben los verdaderos acuerdos de dicha reunión, se puede leer que uno de los principales motivos fue el posicionar nuevamente y con sus anteriores dimensiones a la oficina de la D.E.A, (Drug Enforcement Administration), por sus siglas en inglés, recordando a México, tal vez, que un ex-secretario de defensa estuvo involucrado en un tema tan delicado como la protección a grupos criminales.
Finalmente, detrás de tal interés y prisa de la SEDENA por posicionarse de todo el control territorial, puede deberse a que ellos decidan que organización criminal puede disponer libremente en el trasiego de drogas en México, y contra quienes se debe de actuar, tal y como sucedía con el General Cienfuegos en Jalisco y Nayarit, pero ahora nivel nacional, así bien, el último eslabón en la cadena por cortar es el personal de la extinta PF encargados de los aeropuertos y las carreteras, quienes pueden resultar una piedra en el zapato para sus intereses, y todo esto lo realizan con la plena seguridad de que la próxima reforma al artículo 21 constitucional, en materia de seguridad, será una realidad, donde se pretende incorporar a la Guardia Nacional a la SEDENA, con la obviedad de que no serán incorporados aquellos integrantes de la GN que pertenecían a la extinta PF, tan claro el asunto, que hoy son relevados en las funciones especializadas los elementos en carreteras con personal que desconoce toda función de las mismas, además de carecer del Certificado Único de Identidad Policial, (CUIP), ordenado por la Ley de la propia institución, y bajo el similar argumento presidencial, la corrupción, misma que no culmina en detenciones ni en elementos objetivos de tales acusaciones.
Por ahora sólo se puede atender al actuar de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quienes el año próximo votarán esta iniciativa de reforma para el artículo 21 constitucional, si dicha iniciativa no logra la votación necesaria, entonces se atenderá a lo señalado en la reforma constitucional de 2019 que dio paso a la creación de la Guardia, donde establece el día 26 de marzo de 2024 para que las fuerzas armadas se retiren de las tareas de seguridad pública, además, de materializarse la reforma o no, el presidente firmó un decreto el 8 de mayo de 2020, y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que instruyó a las Fuerzas Armadas a “participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años”, es decir, hasta marzo de 2024, en resumen, las fuerzas armadas en marzo de 2024 se deslindan de la participación en tareas de seguridad pública, con la Guardia Nacional integrada en SEDENA o sin ella, lo que significa, que en este gobierno pueden hacer absolutamente lo que quieran.
La Seguridad Pública, una tarea tan compleja y carente de resultados, hoy se encuentra ante un gran dilema, el posible retroceso de varios años en materia de Derechos Humanos si los militares logran perpetuarse en las calles, pero además, se ven seriamente amenazadas nuestras libertades, y esperemos que esto no suceda.
