La propuesta, suscrita junto con la ciudadana y parlamentaria Juvencia Citlaly Ortiz Nicolás, plantea incorporar herramientas tecnológicas, garantizar intérpretes de confianza y eliminar prácticas discriminatorias en la Fiscalía estatal.
Garantizar que las personas sordas puedan denunciar delitos, recibir atención directa y participar plenamente en los procedimientos de procuración de justicia es el objetivo de la iniciativa presentada por Nalleli Pedraza, en conjunto con la ciudadana y parlamentaria Juvencia Citlaly Ortiz Nicolás, para fortalecer la accesibilidad y eliminar las barreras de comunicación que enfrenta la comunidad sorda en Michoacán.
La propuesta plantea reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de establecer mecanismos que permitan a las personas usuarias de la Lengua de Señas Mexicana acceder a los servicios de procuración de justicia en condiciones de igualdad, con respeto a su autonomía, dignidad y derechos humanos.
Pedraza señaló que la falta de intérpretes y de herramientas de comunicación accesible puede convertirse en un obstáculo para quienes buscan denunciar un delito, aportar información o dar seguimiento a una investigación. Esta situación, advirtió, puede vulnerar derechos fundamentales como el acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho a recibir información comprensible.
Explico que la iniciativa parte del reconocimiento de que las instituciones deben adaptarse a las necesidades de las personas y no trasladarles la responsabilidad de resolver las barreras que enfrentan. En ese sentido, busca que la atención a la comunidad sorda deje de depender de la disponibilidad de familiares o acompañantes que puedan interpretar y se convierta en una obligación institucional.
Entre las principales propuestas se encuentra la incorporación de herramientas tecnológicas en las instalaciones de la Fiscalía, mediante códigos QR y enlaces que permitan a las personas sordas establecer videollamadas con personal capacitado en Lengua de Señas Mexicana, facilitando la comunicación directa para solicitar atención y presentar denuncias.
Asimismo, se plantea garantizar el derecho de las personas sordas a elegir un perito intérprete de su confianza durante las diligencias ministeriales. Para ello, la propuesta contempla que la institución cubra los honorarios correspondientes o proporcione un servicio gratuito e inmediato, de acuerdo con los mecanismos que se establezcan.
El tercer eje busca eliminar las prácticas discriminatorias que invisibilizan a las personas sordas durante la atención institucional. Para ello, propone establecer obligaciones dirigidas a las y los servidores públicos para que interactúen directamente con la persona titular del trámite, respeten su autonomía y eviten que la comunicación se delegue de manera injustificada a terceros.
Finalmente, Pedraza sostuvo que el acceso a la justicia debe garantizarse a todas las personas, sin que una discapacidad o una barrera de comunicación se convierta en motivo de exclusión. Por ello, llamó a respaldar medidas que permitan avanzar hacia una Fiscalía más accesible, con herramientas adecuadas y personal preparado para atender a la comunidad sorda.
