El avance de la lucha anticorrupción en México está vinculado con la implementación de la mejora regulatoria y el gobierno digital, y con el cumplimiento del derecho humano al buen gobierno.
“En mucho, de estos elementos depende que podamos abatir este fenómeno y así, evitar la pérdida de14 mil millones de pesos anuales por actos de este tipo, en detrimento de la hacienda pública de nuestro país”, planteó hoy, el magistrado Hugo Gama Coria.
El titular de la Cuarta Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) participó en el foro digital: “La justicia administrativa en Michoacán, retos y perspectivas”, organizado por las Secretaría de Finanzas y Administración y de Desarrollo Económico en el estado.
En su intervención, el magistrado subrayó que los actos de corrupción en el espectro del servicio público nacional provocan daño al erario público, y que esto ello deriva en la violación de los derechos sociales, culturales y económicos de la ciudadanía.
Esto es, que los derechos de acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, a una vivienda adecuada y otros, son vulnerados por dichos actos y, aún más: “la corrupción afecta el funcionamiento de las instituciones, por ende, del sistema y en sí, del Estado”, expresó.
Tales actos deben combatirse y sancionarse, ya por vía administrativa o penal, pero sobre todo deben prevenirse “desde cada oficina pública, y para ello es que ayudan los procesos de la mejora regulatoria y el gobierno digital”, ya que agilizan y simplifican la prestación de licencias, trámites y servicios, reducen la burocracia y disminuyen el contacto entre servidores y usuarios, expuso.
Por otra parte, añadió, “es también necesario reconocer que el buen gobierno es un derecho de la población amparado en criterios del derecho internacional; que es una prerrogativa colectiva el exigir a la clase gobernante que el servicio público se concrete en forma eficiente y con calidad, pues esto es necesario para que las poblaciones puedan tener una vida digna”.
Sin embargo, debe avanzarse al respecto en Michoacán, pues “durante las capacitaciones que hemos ofrecido a personal de las contralorías municipales y de órganos autónomos en el estado, hemos detectado por ejemplo que muy pocos Ayuntamientos han revisado su normativa interna para mejorar el servicio público, y esto representa una carencia importante:
“Porque no se ataca de fondo el problema de la burocracia. Es imperante una revisión de los reglamentos internos y bandos de los Municipios, a fin de que cuenten con disposiciones normativas de fácil aplicación para que el servicio público pueda prestarse en forma efectiva y expedita”, propuso el también maestro en derecho constitucional.
Ante un fenómeno tan importante como corrupción, el estado y la federación cuentan en la mejora regulatoria y el gobierno digital, con herramientas para fundar “políticas permanentes con esta visión de desarrollo que involucren a todas las áreas de gobierno y a la sociedad civil”, a fin de abatirlo.
Por último, el magistrado Gama Coria reconoció los progresos que, desde las dependencias del Gobierno estatal, se han logrado en dichos rubros, así como la propia Ley de Gobierno Digital aprobada por el Poder Legislativo hace algunos meses.
“Caminemos en ese mismo sentido, hay que continuar hasta lograr la digitalización de todos los servicios públicos que se presentan en Michoacán. Esto, aunado a la promoción permanente de las denuncias ciudadanas, podrán ofrecernos resultados importantes en este sentido”, concluyó.
