Según un informe de la SFP, suman más 20 mil mdp entre cinco entidades que no solventaron observaciones de auditorías y que deberán regresar a la federación
Ciudad de México.- El gobierno de Michoacán deberá retornar mil 290.4 millones de pesos a la federación debido a que no fueron justificados durante las auditorías practicadas entre el 2013 y el 2018, de acuerdo con el informe de la La Secretaría de la Función Pública (SFP).
En dicho informe de la SFP se detalla que al menos cinco entidades del país deberán retornar a la tesorería un monto de 20 mil 177.6 millones de pesos debido a que no fueron justificados, durante las auditorías practicadas en el periodo señalado.
Se trata de Veracruz con 3 mil 606.6 millones de pesos; Nuevo León con 2 mil 633.5 millones de pesos; Zacatecas con 2 mil 320.6 millones de pesos; Michoacán con mil 290.4 millones de pesos y Nayarit con mil 168.5 millones de pesos.
En el informe de la SFP aclara que hasta el pasado mes de agosto, los gobiernos de las cinco entidades federativas mencionadas no solventaron las observaciones de los auditores, por lo que deberán retonar los montos señalados.
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«Los gobiernos de los estados deben realizar los reintegros correspondientes por un monto de 20 mil 177.6 millones de pesos, debido a que no se aportaron mayores elementos para ser solventadas», expresa el informe de la SFP.
En ese sentido, la administración que encabeza Silvano Aureoles Conejo en Michoacán deberá retornar mil 290.4 millones de pesos, mientras que estados como Querétaro no tuvieron observaciones, según el documento.
No obstante, otros 25 mil 907.3 millones de pesos deberán ser reintegrados a la tesorería o las contralorías estatales deberán iniciar procesos de responsabilidad administrativa, debido a que persisten observaciones aún sin solventar.
De dicha cantidad, al menos 13 mil 651.9 millones de pesos corresponden a 3 mil 550 observaciones que fueron emitidas y que no fueron solventadas, de manera que las contralorías estatales deberán acreditar los dictámenes de prescripción correspondientes.
En ese sentido, el informe detalla, «en este caso, para la solventación, esas instancias están obligadas a iniciar los procedimientos administrativos para identificar los servidores que incurrieron en la falta de atención de esas observaciones».
A efecto de que se coordinen los procesos de auditoría y fiscalización, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros «ha sostenido veinte reuniones de trabajo con igual número de gobernadores, a fin de establecer canales de comunicación y reforzar los trabajos de coordinación, que en los sexenios anteriores eran prácticamente nulos», menciona el informe.
