Michoacán: entre cifras oficiales y percepción ciudadana, la inseguridad sigue marcando la agenda
La seguridad pública en Michoacán vuelve a colocarse en el centro del debate político. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2025 (ENVIPE), elaborada por el INEGI, el 93.6% de los delitos cometidos en la entidad no se denuncian, un dato que desnuda la brecha entre las cifras institucionales y la realidad que viven miles de familias.
La encuesta revela que 836 mil 608 delitos ocurrieron en la entidad durante el último año, lo que se traduce en una tasa de 16 mil 572 víctimas por cada 100 mil habitantes y una incidencia de 23 mil 819 delitos por cada 100 mil habitantes. El delito más común es el fraude, seguido por la extorsión y las amenazas, delitos que, aunque menos visibles en los reportes oficiales, impactan directamente en la economía y el tejido social.
La percepción contra el discurso gubernamental
A pesar de los esfuerzos del gobierno estatal por resaltar logros en materia de seguridad, la percepción ciudadana cuenta otra historia: ocho de cada diez michoacanos (80.9%) viven con el temor de ser víctimas de un delito. Apenas el 44.9% se siente seguro al caminar de noche cerca de su hogar, una cifra que muestra desconfianza hacia las condiciones de seguridad más inmediatas.
Este contraste alimenta un cuestionamiento recurrente: ¿hasta qué punto las estadísticas oficiales reflejan la realidad que enfrentan los ciudadanos? El hecho de que la gran mayoría de los delitos no se denuncien sugiere no solo desconfianza hacia las instituciones de justicia, sino también un subregistro que impacta en las narrativas gubernamentales sobre “reducción del delito”.
El costo oculto de la inseguridad
El costo económico del delito en Michoacán se estima en 10 mil 47 millones 71 mil 288 pesos, lo que equivale en promedio a 7 mil 643 pesos por víctima. Tan solo las pérdidas directas ascienden a 6 mil 391 millones de pesos, una carga que, al no figurar en los informes políticos, termina diluyéndose en discursos que poco coinciden con la experiencia cotidiana de la población.
Un problema político antes que estadístico
Los datos de la ENVIPE no solo son un diagnóstico social: son también un reto político. La alta percepción de inseguridad mina la confianza ciudadana en las instituciones, debilita la legitimidad de las autoridades y convierte la seguridad en una de las principales demandas en cualquier agenda pública.
Mientras el gobierno insiste en narrativas de “avances” y “resultados”, la realidad estadística exhibe que la impunidad es la regla y la denuncia la excepción. En Michoacán, la brecha entre percepción y discurso gubernamental no es solo un tema de números: es un recordatorio de que la seguridad, más que medirse en cifras, se mide en confianza ciudadana, algo que hoy parece ser el recurso más escaso.
