Morelia, Mich.- “El sistema jurídico mexicano contempla las bases para la protección integral de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; lo que se debe perfeccionar son los métodos o reglas idóneas para su aplicación, actividad que se considera tendrá efecto mediante la selección y capacitación de los servidores públicos que conozcan de procedimientos en los que estén de por medio los derechos de este grupo vulnerable”.
Lo anterior, fue planteado por Jorge Reséndiz García, magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, al participar como ponente en el Foro Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes con enfoque en salud mental y familiar, actividad académica organizada por diversas instituciones estatales que atienden el tema y al que asistieron jueces y personal jurisdiccional.
Durante su disertación titulada Propuesta al Código Familiar estatal para la protección integral de los Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes (NNA), destacó que por mandato constitucional todas las personas deben gozar de los derechos humanos reconocidos tanto en la propia Carta Magna, como en los tratados internacionales de los cuales México es parte, además de las garantías necesarias para su protección.
Refirió que las instituciones tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos que les asiste a dicho sector de población, deben -además- ponderar en todo momento el interés superior de la infancia, desde las respectivas competencias; en este orden de ideas, el Código Familiar de Michoacán recoge tales mandatos en sus diversos numerales.
La norma señala que el juez tiene la facultad y obligación de decretar medidas precautorias cuando exista violencia familiar, así como la custodia, convivencia y el pago de alimentos de los NNA en los juicios sobre divorcio sin expresión de causa, entre otras.
A la par, consideró indispensable continuar adoptando el “sistema de justicia adaptada” plasmado en el Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, difundido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); su finalidad es que en todo procedimiento en que estén de por medio derechos de los NNA, se tomen, desde el inicio hasta su conclusión, medidas especificas que permitan un trato diferenciado y especializado para acceder a la justicia en condiciones de igualdad y apropiadas.
Entre ellas, modificaciones en los espacios de tránsito; habilitar salas de espera para que no resulten atemorizantes ni abrumadoras; adecuar salas de enjuiciamiento o de escucha; contar con material didáctico para que puedan expresarse o narrar lo ocurrido a través de otras herramientas diversas al lenguaje verbal; establecer mecanismos de videograbación o circuitos cerrados de televisión que permitan mantener sus testimonios u opiniones para evitar repeticiones de pruebas innecesarias, son algunas de las características del citado sistema.
