El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que no habrá discusión en el anonimato sobre la iniciativa de reforma eléctrica que envió al Congreso de la Unión; aseveró que se hará público cómo votó cada legislador para que todos los mexicanos se enteren.
En conferencia de prensa desde Puebla, indicó que no se trata de una amenaza ni advertencia, sin embargo, precisó que es necesario identificar a los diputados y senadores que están en contra de la reforma porque con ello demostrarán si son “empleados de grupos económicos” o “representantes populares”.
“Aquí lo vamos a estar tratando todos los días, les digo a los legisladores, no es amenaza ni advertencia. No va a haber anonimato, aquí tenemos que dar la cara todos, se trata de los intereses del pueblo, que no estén pensando que van a votar en contra de esta reforma y nadie se va a enterar, si no somos tapadera, aquí cada quien va a asumir su responsabilidad”, expresó.
López Obrador defendió su iniciativa y adelantó que buscarán convencer a todos las bancadas parlamentarias para que otorguen su aprobación cuando se discuta ante el Pleno de ambas cámaras.
Insistió en que la reforma busca evitar que aumenten los precios del consumo de energía eléctrica y los costos de producción de la CFE. Además, precisó que también beneficiará a la clase empresarial de México.
“Los que se creían los dueños de México se van a oponer, pero va a ser interesante observar a los legisladores porque se va a saber si son representantes populares o simples empleados de los grupos de poder económico y político”, reiteró.
La semana pasada, presidente López Obrador informó que presentó una iniciativa de reforma ante la Cámara de Diputados, la cual contempla dejar en control de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 54% del mercado energético, así como la estatalización del litio.
También se contempla la desaparición de los organismos paralelos Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.
En el caso del litio, el mandatario explicó que la reforma establece que la explotación del mineral sólo podrá hacerla el Estado mexicano.
