Obrador y el cese a la violencia.
Isidro Galicia
México considerado como uno de los países con mayor expresión de la violencia pública en América Latina y en el mundo, enfrenta uno de los desafíos más complejos de su historia reciente, la pacificación y reconciliación social.
Como política de Estado, desde ya esbozado por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, el próximo régimen implementara medidas con un corte de pacificación nacional, con el propósito de disminuir las cifras de homicidios dolosos, desapariciones forzadas, asesinatos por el control de los territorios por parte del crimen organizado.
Pero en el fondo, Obrador y los encargados de reconciliar la vida pública mexicana, además de atender la recuperación del Estado de derecho y afianzar una cultura de la legalidad, que implica fortalecer los derechos humanos y la revigorización de una constitución verdaderamente garantista para los ciudadanos, es lograr la legitimación de los procedimientos a partir de los resultados y la eficacia para cesar la violencia.
Los propósitos planteados por Obrador se enmarcan en una estrategia no explorada por los gobiernos neoliberales y que a partir de una visión intervencionista promovida por los Estados Unidos en el combate al narcotráfico, propició una violencia ilimitada y recrudeció la realidad del país.
Desde ahora, Obrador sorteará diversos desafíos para alcanzar sus objetivos.
El proceso de paz mexicano no solo implicará el diálogo, la concreción de acuerdos, la incorporación de actores sociales promotores de la violencia y enmiendas legales que permitan que la figura de la amnistía funcione, también, que la espiral de la violencia se desarticule con el paso de los meses.
A contra reloj, el presidente electo tendrá, además de las políticas de paz, que mejorar las condiciones socio económicas de la población, restaurar las zonas violentadas por el narcotráfico, garantías legales para los amnistiados, en suma, la reconstrucción del mosaico legal y social del país, proceso que será de largo aliento.
A partir del primero de diciembre, México tendrá que adentrarse a un proceso inusual, diría extraño por sus implicaciones.
Una país socavado por la violencia y debilitado en sus propias instituciones públicas y de procuración de la justicia.
Por ello, México requiere de una nueva tregua pública, de alianzas y de coincidencias, donde sociedad civil y gobierno caminen por el mismo sendero.
Recuperar el Estado y la legalidad será una tarea común, no solo del gobierno.
Obrador tiene claro el propósito.
La aspiración parece delirante, pero no imposible.
