La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación ante la iniciativa para expedir la Ley de la Fiscalía General de la República(FGR) porque implicaría “un claro retroceso en la búsqueda de personas desaparecidas en México“.
En una nota verbal enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), explicó que la iniciativa también afectaría las “obligaciones convencionales” que tiene el Estado mexicano para indagar todas las desapariciones en el país.
“En primer lugar, el comité está preocupado por el proceso de concepción y discusión del proyecto legislativo. Según la información disponible, dicho proceso no habría permitido la participación activa de los allegados de personas desaparecidas y de las organizaciones que las acompañan”, expone el documento difundido este miércoles en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente.
Agregó que las autoridades mexicanas están obligados a consultar cualquier proyecto legislativo relacionado con el tema de desaparición forzada ante el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
“El comité está sumamente preocupado por la derogación del artículo 45, fracción III, según la cual la FGR ya no participaría en el Sistema Nacional de Búsqueda. La no participación de la FGR en éste perjudicaría el cumplimiento por el Estado parte de su obligación de garantizar la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas y, para tal efecto, de promover la coordinación entre las autoridades encargadas de la búsqueda y de la investigación penal”, externó.
En la nota verbal también reprochó que la FGR pierda la facultad para atender algunos casos de desaparición forzada radicados en las fiscalías de los estados, esto aún y “cuando se pueda cuestionar la independencia o imparcialidad de una autoridad local”.
El Comité invitó al Estado mexicano a “reconsiderar de forma urgente” la iniciativa de la FGR y tomar en cuenta las preocupaciones que han expresado organismos de búsqueda en el país y en el extranjero. Además, solicitaron que se realice una consulta más amplia sobre las diversas reformas que acompañarán a la Ley General e incluir los comentarios de los colectivos de familiares y organizaciones de la sociedad civil.
“El comité resalta su disposición para asistir al Estado parte en sus esfuerzos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país, y así garantizar la realización de los derechos humanos para todas las personas en México“, añadió.
En diciembre, el Senado de la República informó que la discusión de la iniciativa de la FGR se retrasaría hasta principios de febrero a pesar de estar programada para el 15 de enero.
