Legisladores de oposición en el Congreso de la Unión aseguraron que en la reforma que dio vida a la Guardia Nacional no se le dio “un cheque en blanco” al presidente de la república para usar al Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública.
El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados expresó su enérgico rechazo por la publicación del Decreto; consideraron que “genera incertidumbre, tanto entre la ciudadanía como en los integrantes de las Fuerzas Armadas, sobre sus alcances jurídicos y pone en entredicho el éxito de la estrategia de seguridad de esta administración”.
Para el senador por el PAN, Damián Zepeda, la reforma se hizo para dar a este país una Guardia Nacional civil, y el régimen transitorio se hizo para ayudarle en tanto se consolidaba la Guardia, pero eso no significaba otorgarle un permiso a las Fuerzas Armadas por cinco años.
“Y este decreto que acaba de impulsar el Presidente, es la oficialización de la militarización en el país y el fracaso absoluto de la estrategia en seguridad pública. Entonces, si no hay una Guardia civil pues no se le puede ayudar, ¿verdad?, a formarse”, apuntó el legislador blanquiazul.
Por su lado la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, la también panista Kenia López, plantea que el decreto para usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es “arbitrario, es inconstitucional y oscuro”.
