Abogadas de Michoacán A.C. envío una carta al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y al Congreso del Estado de Michoacán, Michoacán en relación a las ternas remitidas por el primero de ellos para ocupar la titularidad como Magistrados y Magistradas de la Sexta y Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, al existir la falta de paridad e inclusión de género en la designaciones antes mencionadas.
El pasado 06 de junio de 2019 se emitió el decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros, dicha reforma tuvo como objetivo que el diseño normativo en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, contribuya a abatir la discriminación, avanzar hacia la igualdad y erradicar la violencia de género.
El Poder Judicial del Estado emitió el veinticinco de junio del año pasado la convocatoria del décimo tercero y décimo cuarto concurso de oposición para ocupar el cargo de Magistrado Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para la Titularidad de la Sexta y Octava Salas Civiles; las cuales son inconstitucionales y violatorias de derechos humanos en contra de las mujeres por no apegarse a la reforma constitucional en materia de Paridad entre Géneros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2019.
Es de mencionar que actualmente el STJE cuenta con 16 magistrados y 2 magistradas, según los registros publicados en el directorio oficial del Tribunal Local, lo anterior muy distante de lo que establece la normatividad nacional e internacional en materia de paridad de género.
Por lo anterior la Asociación Civil Abogadas de Michoacán, hicieron la recomendación para que se emitan nuevas convocatorias aplicando criterios que tiendan abatir los factores que han sido identificados como causas que inhiben la participación de las mujeres en los concursos internos de oposición para ocupar puestos en la carrera judicial.
Asimismo pidieron se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y toda legislación que limite el derecho de las mujeres a participar en la toma de decisiones, con la finalidad de armonizar la legislación estatal con la normatividad nacional e internacional en temas de inclusión y paridad de género.
