Plan de AMLO para blindar gobierno vs conflicto de interés

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una serie de lineamientos que impedirá que haya exfuncionarios “chapulines” y brinquen al sector privado cuando culminen su encargo. Esto, luego de que se difundió una lista de al menos 10 exservidores que laboraron en el sector energético público como titulares de la Secretaría de Energía, o directores generales de la Comisión Nacional de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) y a quienes señaló de “dañar” a las empresas del Estado en beneficio de intereses privados.

¿Veda para exfuncionarios?

De la mano de la Secretaría de la Función Pública, el presidente de la República busca establecer una “veda” para que los exfuncionarios que tenga intención de laborar en empresas del ramo en el que se desempeñaron esperen un periodo de 10 años para hacerlo.  De lo contrario incurrirían en conflicto de interés.

La propuesta está ahora en la cancha del Congreso de la Unión, pues es a partir de la Ley de Austeridad que se envió a legisladores, que se impondrá dicho candado. Sin embargo, algunos de los involucrados en los señalamientos de López Obrador han cuestionado que si al terminar su trabajo en el sector público, y no les es permitido laboral en el ámbito privado, ¿entonces de qué vivirán?, como fue el caso del expresidente Felipe Calderón.

El artículo 28 de la Ley de Austeridad Republicana, propuesta en el Congreso, establece “una separación categórica entre la función pública y los intereses particulares (…) Dicha separación se realizará con el establecimiento de fideicomisos ciegos, cesión de derechos u otras figuras legales, que prevengan los conflictos de interés durante el tiempo que ocupe el cargo público y por lo menos habiendo transcurrido 10 años posteriores a su separación”.

En ese contexto, López Obrador llamó al Congreso de la Unión a avalar dicha ley. Cabe recordar que actualmente se establece que exfuncionarios pueden trabajar con firmas privadas luego de un año de haber dejado su cargo público.

Asimismo resaltó que todos los funcionarios y servidores que trabajen en el Gobierno Federal deben transparentar por completo sus declaraciones patrimoniales y de interés, sin excepción.

“Hay una iniciativa que enviamos, que está en la Cámara de Diputados, que es la Ley de Austeridad Republicana en donde ya se establece que se transparenten los patrimonios. Entonces, antes de que se apruebe esa ley, y aprovecho para pedir a los legisladores que se atienda esta iniciativa, con todo respeto, antes de que se apruebe ya estamos cumpliendo”, sostuvo.

¿Qué hay con la transparencia?

Ante la situación sobre dudas y omisiones en el portal Declaranet, a través del cual los funcionarios hacen públicas sus declaraciones patrimonial y de interés, la administración de López Obrador a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP) llamó a hacer cambios, para que no haya duda sobre la información presentada.

En ese sentido, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, recalcó que los 19 integrantes del gabinete de López Obrador hicieron sus declaraciones respectivas, “ya sin ningún tipo de reserva al respecto de sus patrimonios. De igual manera, la totalidad de los 32 delegados estatales el Gobierno de México y su coordinador general hicieron públicos sus datos patrimoniales y de posible conflicto de interés.

Cabe recordar que en días recientes se tocó el tema de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, o el del titular de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, donde no se observaban algunas propiedades que tenían en el extranjero.

La titular de la Secretaría de la Función Pública manifestó que el actual sistema de Declaranet, como actualmente está diseñado, reserva en automático las copropiedades, es decir, el patrimonio que no es plenamente del declarantes, como fue el caso de Olga Sánchez Cordero, cuya propiedad en Houston es en copropiedad con su cónyuge.

Destacó que es la primera administración en hacer 100% transparente las declaraciones de los servidores públicos. Indicó que en la pasada administración de Enrique Peña Nieto, no se hizo ninguna.

En tanto, en las administraciones de Felipe Calderón los funcionarios que hicieron públicas sus declaraciones fueron cuatro, equivalente al 21%; mientras que con Vicente Fox solo se dio 1, que representa el 5.5%.

¿Qué pasa con el sector privado?

En el llamado a combatir el “tráfico de influencias”, López Obrador llamó a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a fijar una postura contra la corrupción e impunidad.

Y aunque el presidente dijo no estar en contra de los empresarios, los señalamientos hechos en la víspera por Manuel Bartlett y exfuncionarios con “contratos leoninos” con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), abrieron una nueva batalla.

“No existe conflicto de interés entre mis actividades profesionales desde entonces… En mi opinión, ese señalamiento para años posteriores sería violatorio de mi derecho a la libre profesión”, detalló en una carta.