Que las personas con discapacidad sean tutelares de sus propios derechos, propone Vanhe Caratachea
La legislación de Michoacán lleva años de retraso en materia de titularidad jurídica de personas con discapacidad, señaló la legisladora del PAN.
Morelia, Michoacán .- Que se reconozca la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, es la propuesta de reforma que presentó la diputada Vanessa Caratachea.
“La capacidad jurídica es el punto de partida para el goce real y efectivo de todos los derechos humanos. Negar la capacidad jurídica equivale a negar la vida civil de una persona”, manifestó en tribuna la legisladora.
Esto, porque el Código Civil del estado mantiene una mirada tutelar hacia las personas con discapacidad, cuando los tratados internacionales y la misma normativa general del país reconoce a las personas con discapacidad mayores de edad como personas con capacidad jurídica, es decir, que pueden realizar actos jurídicos y son sujetos de derechos y obligaciones.
“Una visión que etiquetó, que excluyó, que redujo a las personas con discapacidad a sujetos de protección, negándoles la posibilidad de decidir sobre su patrimonio y su propia vida. Esa visión ya no tiene cabida en el Michoacán del siglo XXI”, destacó la diputada del PAN.
La propuesta es reformar el artículo 22 de dicho código para establecer que “ninguna persona podrá ser privada de su capacidad jurídica por motivo de discapacidad” lo que no quiere decir, aclaró Vanessa Caratachea, que se les esté dejando desamparados.
“Introduce un sistema de apoyos y salvaguardas judiciales, que permitirá acompañar a quienes lo requieran, sin sustituir su voluntad ni anular su autonomía”, explicó.
La diputada de La Piedad señaló que no se trata únicamente de una armonización de ley, sino de un cambio de paradigma, pues se reconocen los derechos civiles de las personas con discapacidad.
Es además, agregó Vanessa Caratachea, una obligación legal, puesto que en 2023 se publicó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con la obligación de que los congresos locales reformaran su propia normativa antes de 2027.
