El objetivo, dotar de garantías de seguridad y justicia a derechos como la libertad de expresión y el libre tránsito
– Con la intención de garantizar derechos como la manifestación de ideas y el libre tránsito, el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, planteó nuevamente la iniciativa para la regulación de las manifestaciones públicas en la entidad.
Ante los intentos fallidos de legislaturas anteriores al poner este tema sobre la mesa, Ernesto Núñez enfatizó que el objetivo de la iniciativa de Ley para el Ejercicio de la Libertad de Expresión y su Manifestación en Michoacán, no significa coartar en ningún momento la libre manifestación de ideas, sino por el contrario, atender derechos fundamentales.
“Existen dos grandes reclamos de los ciudadanos: la libertad de expresión y de manifestación, los cuales fortalecen nuestro sistema político democrático; y el segundo, el derecho al tránsito, que también es una garantía de los ciudadanos, ambos están plasmados en nuestra Constitución Política”, subrayó el legislador.
De ahí que enlistara la serie de beneficios que conllevaría el aprobar su iniciativa, tales como: proteger la integridad de las personas que utilicen la vía o espacios con el fin de manifestarse, y de aquellos que concurran en dichos lugares con fines diversos.
Establece mecanismos para informar oportunamente sobre la realización de una movilización y protocolos de coordinación para la atención de cualquier actividad de esta índole; vigilar y evitar actos ilícitos, así como dar aviso inmediato a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que se designe a un representante que esté presente durante todo el proceso.
Asimismo, cuidar los derechos de los no manifestantes como el uso de espacios o lugares públicos, sin que alguna autoridad o persona violente sus derechos humanos y el ejercicio de los mismos. De igual manera, tener acceso a la justicia en delitos cometidos durante las manifestaciones y, a su vez, de los servicios de emergencia, en caso de que se requieran.
Núñez Aguilar reconoció que, si bien la regulación de las manifestaciones públicas es un tema polémico, este ya ha sido discutido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), autoridad máxima que ha establecido varios criterios para su legislación, anteponiendo siempre el cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
“Nuestra obligación es legislar atendiendo los derechos de todos, persiguiendo una finalidad constitucionalmente legítima, adecuada e idónea, de tal forma que no implique una carga excesiva o injustificada para los ciudadanos, por ello invito para que se analice esta propuesta y se defiendan los derechos de todos”, resaltó.
