El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por mayoría de 9 votos, declaró la invalidez de la primera parte del Plan B electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a violaciones “graves” en el procedimiento legislativo.
Votos a favor de invalidar
▪️ Norma Lucía Piña Hernández
▪️Javier Laynez Potisek
▪️Alberto Pérez Dayán
▪️Ana Margarita Ríos Farjat
▪️Juan Luis González Alcantara Carrancá
▪️Luis María Aguilar Morales
▪️Arturo Zaldívar
▪️Gutiérrez Ortíz Mena
▪️Jorge Mario Pardo Rebolledo
En contra
▪️Yasmín Esquivel Mossa
▪️Loretta Ortiz Ahlf
Previamente, por unanimidad, el Pleno del Máximo Tribunal desechó la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de impedir al ministro Alberto Pérez Dayán de votar en la acción de inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por una falta de imparcialidad.
Así se vivio la sesión
Entre los argumentos que pronunciaron en su mayoría los ministros se encuentra que el proceso legislativo, la iniciativa que se avaló no fue la misma que presentó el presidente López Obrador, por lo que los legisladores no tuvieron el tiempo para conocer el proyecto o al menos no en su totalidad; segundo que se le dio obvia y urgente resolución sin que existiera un motivo.
En su turno, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá reconoció que enfrentan un escenario en cierta medida novedoso, donde están llamados a garantizar el derecho de las minorías e influir y moldear el producto legislativo; pero también a garantizar el carácter representativo y democratico del órgano legislativo en su integridad.
Sin embargo, el ministro advirtió que no fue claro, cuando se dio a conocer el contenido de la iniciativa, por lo tanto “ninguno de los integrantes de la Cámara tuvo la oportunidad real de conocer el contenido de las leyes aprobadas” y ante un caso en el que diversas leyes de la máxima importancia para nuestro país fueron depositadas en la Cámara de Diputados a las 10 de las noche y en menos de 4 horas ya habían sido aprobadas.
“En este caso considero que se incumplió con las normalidades más básicas del proceso legislativo, de tal magnitud que admitir este grado de flexibilización de este proceso equivaldría a que negáramos por completo la necesidad de tener ese cauce procesal. Es evidente que el proceso que se siguió en la Cámara de Diputados anula la posibilidad de la deliberación democrática y esa razón es suficiente para apoyar el sentido de la propuesta”, agregó Juan Luis González Alcántara Carrancá.
El ministro Luis María Aguilar Morales recordó que la responsabilidad de la SCJN es procurar el respeto a la democracia derivado de la Constitución: “Yo estoy de acuerdo con la propuesta de declarar la validez total del decreto impugnado porque se encuentran acreditadas múltiples irregularidades y violaciones al procedimiento legislativo que incluidos de forma individual serían suficientes para declarar la invalidez de todo el decreto pero que al apreciarse de su conjunto alcanzan una gravedad tal que rompen los principios Constitucionales del Estado mexicano en la labor legislativas”.
Luis María Aguilar Morales agregó que avalar un proceso legislativos, con estos rasgos, equivaldría a asumir que la mayoría parlamentaria por el simple hecho de serlo está por encima de las reglas constitucionales: “lo que me parece inadmisible y acudo a la muy conocida máxima de don Benito Juárez que dice ‘nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’ y subrayo por el derecho; por tanto estoy de acuerdo en declarar la invalidez total del decreto impugnado porque desde mi perspectiva se encuentra acreditadas múltiples violaciones al procedimiento legislativo”.
También el ministro Arturo Zaldívar admitió que sí hubo violaciones al proceso legislativo, aunque reconoció que el tema sobre violaciones al proceso legislativo es delicado, porque los coloca en una frontera en la que se puede incidir y afectar en la división de poderes.
“Me parece que sí existieron violaciones al proceso legislativo que afectaron grandemente, de manera determinante, la deliberación democrática, de las normas que se están impugnando, la iniciativa presentada por Morena fue presentada y sometida a votación, prácticamente el mismo día y hora de la sesión correspondiente, no hay constancia de la publicación previa, conforme marcan las normas correspondientes”, indicó.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena también coincidió que hubo violaciones al procedimiento legislativo, ante la falta de una motivación apropiada para la dispensa del trámite legislativo; ademá dijo que hubo una falta de un plazo razonable previo, que permitiera a todos los representantes populares, conocer y formarse una opinión sobre el contenido de la propuesta.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa aseguró que no hay la suma de infracciones que suma el proyecto, y al pronunciarse en contra subrayó que el respeto a la división de poderes es también respetar la Constitución.
“No solo estoy en contra de la invalidez del procedimiento legislativo que se propone, sino sobre todo en contra de la falta de estudio de los demás temas planteados en las demandas, porque considero que al limitarnos simplemente a expulsar del orden jurídico el decreto reclamado sin analizar el contenido de la normas reclamas, se deja de cumplir el mandato constitucional que nos obliga en forma expresa a privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales. El respeto a la división de poderes es también respetar la Constitución”, señaló Yasmín Esquivel.
