Rosario Robles: Soy la primera interesada en que investiguen desvíos en Sedatu y Sedesol

“Soy la primera interesada en que se aclaren los desvíos que señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF)”, admitió Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), en entrevista para Despierta con Loret. “Respondí y solicité derecho de réplica al diario Reforma porque la nota decía que el desvío se personalizaba en mí.”

Robles Berlanga señaló que ya solicitó “que presentaran documentos que probaran la triangulación de recursos a Robles, porque es lo menos que exige un trabajo periodístico serio”.

Acotó que la ASF “no acusa a la Sedatu de un desvío, habla de irregularidades de muchas dependencias públicas, porque así es, y tú tienes que irlas solventando, acreditando; con lo que no se acredite, se procede ante la Secretaría de la Función Pública o ante la Procuraduría General de la República a pedir sanciones penales”.

Insistió en que es “la primera y más interesada en que la investigación se haga a fondo”, y subrayó que “desde agosto pedí que se hiciera un análisis de mi evolución patrimonial, por eso le pedí a la Unidad Financiera de Hacienda que hicieran un estudio de la evolución de mis finanzas y le pedí a la PGR que me informara si yo estaba en alguna de las denuncias de la ASF”.

Destacó que la asignación de trabajos de manera directa “es legal; desde el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones se puede hacer así; ahora hay que acreditar que no se hizo el trabajo, pero de las empresas que se señalan, ninguna tiene relación con la Sedesol, cuando fui secretaria, ni con Sedatu”.

Explicó que se pueden “contratar empresas de acuerdo con el artículo primero de la ley, y no sólo se hace en Sedatu; me sorprende que sólo se señale a Rosario, cuando la ASF ha señalado a varias dependencias que usan un mecanismo que es legal”.

Reconoció que el encargado de despacho de la ASF, Juan Javier Pérez Saavedra, “ha dicho que ven un riesgo en la utilización de ese artículo por su discrecionalidad, pero a mí me corresponde, como secretaria, y a las áreas que convinieron con esas universidades, acreditar que los entregables están”.

Explicó que “hay dos tramos de control importantes, pero no defiendo a nadie, si alguien cometió una responsabilidad en el manejo de uso de recursos públicos, que se investigue; existen dos tramos de control: la institución que contrata tiene que verificar que lo que contrató le sea entregado, pero cómo hace sus licitaciones el ente público que estás contratando, es un tramo que no te corresponde como institución. Es lo que establece la ASF, porque dice que a ella no le corresponde imputar ni declarar culpables, porque eso lo investigan la Función Pública y la PGR”.

Sobre los señalamientos de que algunos funcionarios de la Sedesol llegaron con los entregables realizados a la firma de un contrato de 600 millones de pesos, sin que los haya realizado la dependencia contratada, advirtió que “eso se tiene que acreditar, que se entregaron las cosas a la firma del contrato, pero más me preocupa que llevamos varios años con el tema; no es de ahora y no sólo es la Secretaría que encabezo; se focalizó en ella, pero eso es diferente, porque los convenios y los estudios que se han hecho son públicos”.

Sobre la contratación de “coordinadores técnicos, eso fue después de una plática con el auditor Juan Manuel Portal, porque me dijo que el Fondo de Combate a la Pobreza se usaba para comprar Suburban, fertilizante y no para combatir la pobreza, por eso formamos a los coordinadores técnicos y se les contrata vía las Universidades; ellos existen y hasta huelga me han hecho, porque dicen que no les pagamos”.

Dijo que también se hizo “un sistema informático, que lo usa toda la administración pública, porque hicimos un padrón de quiénes realmente deberían ser beneficiados de los programas del combate a la pobreza”.

Y, si hay cosas que se contrataron y no existen, “que se castigue a los responsables; que la PGR termine su investigación; por eso se hacen peritajes técnicos, porque eso no es mágico, y si se acredita que algo no se entregó, que se castigue, yo por eso le he pedido a la PGR que concluya las investigaciones”.

Rosario Robles Berlanga, subrayó, sin embargo, que “la Auditoría Superior de la Federación no ha señalado a Rosario Robles y para mí es importante aclarar que esto no es por mi patrimonio, porque el titular de la nota de Reforma decía ‘megadesvío a Robles’ y no lo voy a permitir. Yo no he participado; sigamos el dinero”.

Insistió en que la ASF “observa que falta acreditar algunas cosas, pero se acredita y ya quedó arreglado. Se menciona, por ejemplo, a la Universidad del Estado de México que se usa para pagar el programa de los adultos mayores, pero eso se usa desde antes de que yo fuera secretaria, y mes con mes se les paga, y se hace mediante mecanismos que vienen en la ley y se siguen, porque no se licita que contrate personal, eso se hace por mecanismo de outsourcing, porque, además, no tienes personal en cada municipio para que verifique que se hacen las cosas”.

Ahora, señaló, “si se considera que hay cosas en la ley que deben cambiarse, pues que lo cambie el Legislativo. Si una Universidad tiene que acreditar su capacidad técnica, pues que lo haga, pero sí se le contrata y no son sólo universidades, porque se han licitado muchas cosas”.

Robles Berlanga señaló que “es importante dimensionar el asunto, porque hablamos de observaciones por más de 100 mil millones de pesos y todos las tenemos que solventar y acreditar en todo el gobierno, así inicia el proceso”.

Destacó que “no se han establecido culpabilidades porque hay un principio de presunción de inocencia, pero por eso se presentan denuncias penales señalando específicamente a quien hizo las contrataciones, porque yo no sólo no firmé, sino que cada área puede contratar de manera independiente”.

Dijo que ya “sabía que venía todo esto desde agosto; incluso organizaciones de la sociedad civil han reconocido que yo no agarré un solo centavo; el método de licitaciones y contrataciones se ha usado desde hace muchos sexenios, lo usan muchas secretarías, no sólo la Sedatu, no es el método Rosario, de ninguna manera y no lo acepto”.

Insistió en que es un método que se especifica en la ley, “la ASF ha propuesto que los convenios los suscriban los titulares y verifiquen que se hagan las cosas, pero está como propuesta y tiene que quedar en la ley para que nadie tenga problemas”.

Desde su perspectiva, las acusaciones “no son mandadas a hacer, creo que es producto de una revisión de cada año, que la Auditoría Superior de la Federación establece que hay irregularidades y yo digo que se investigue; yo no me voy a escudar en el proceso electoral para eludir una responsabilidad, creo que los tiempos se usan para que esto sea más agudo, pero no me van a encontrar un departamento en Miami; no me van a encontrar un rancho en no sé dónde; no me van a encontrar casas en el extranjero; no me fui a vivir a Estados Unidos o a París, yo aquí he estado y cuando no estuve en la administración pública, trabajé para mantener a mi hija, de eso vivo; mi declaración patrimonial es pública y no ha variado desde que entré al gobierno”.

Si hay sospechas de que el dinero “se fue a las campañas, eso tiene que comprobarse jurídicamente, porque es grave. De los casos que hablé con (Juan Manuel) Portal, se entregaron las documentaciones para solventar las observaciones; la Cruzada contra el Hambre sí disminuyó la pobreza alimentaria y no permito que se manche. Ahora estamos apoyando a la gente que se quedó sin casa por los sismos”.

Las acusaciones que se le están haciendo, dijo, “se tienen que probar y no lo han hecho; se establecieron convenios legales; se tiene que verificar que están los entregables, pero, hasta ahora, en las denuncias que se establecieron en la PGR no está el nombre de Rosario Robles; en ese proceso la ASF hace acompañamiento para que no haya duda. Yo ya fui víctima de una persecución y no me acreditaron haber recibido un centavo. Es fácil dañar a las personas, tengo una hija, tengo una familia, mis hermanos viven en la misma casa desde hace años, viven de su trabajo; pero es tan importante que se investigue un desvío como que se respete la libertad de expresión y también el derecho a la dignidad. No rehúyo que aplique la ley, pero tengo la tranquilidad de haber trabajado con honestidad”.