SCNJ ordena al Congreso aprobar la Ley General de Aguas
Miguel Angel Pérez Wong
El 8 de febrero de 2012 el Congreso de la Unión adicionó al artículo 4° de la Constitución el reconocimiento al Derecho Humano al Agua y Saneamiento, ordenando en su artículo 3º transitorio la creación de una Ley General de Aguas (LGA) que permita “garantizar el derecho humano al agua y definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, a través de la participación de la ciudadanía, junto con los tres niveles de gobierno”.
Ante este pendiente, en mayo de 2019 la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, en coordinación con distintos actores y organizaciones defensoras del vital líquido, convocaron a 35 Foros Estatales de consulta en todo el país, mismos que concluyeron en enero de 2020.
El principal consenso de ese ejercicio fue la necesidad de abrogar la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN) debido a que permite el acaparamiento, contaminación, impunidad, sobrexplotación, despojo y violación de derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Sin embargo, ni el proyecto de dictamen consensuado entre la iniciativa ciudadana y cuatro iniciativas de senadores y diputados, que fue avalada por el Relator Especial de la ONU para los derechos humanos al agua y saneamiento, Pedro Arrojo, ha logrado que se cumpla con el mandato constitucional.
Así, tras varios intentos y desacatos de diferentes legislaturas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión aprobar la legislación en el Periodo Ordinario de Sesiones que finalizó en diciembre de 2022.
Situación actual
En septiembre de 2022, el diputado presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, Rubén Muñoz, solicitó a la SCJN una prórroga para aprobar hasta el primer Periodo Ordinario de Sesiones de 2023 la Ley General de Aguas, bajo el argumento que se le debía dar preferencia al análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2023 en materia hídrica.
El legislador de Morena advirtió que si no se invierte en el problema del agua se podría dar origen a uno de los mayores conflictos sociales, pues se requieren recursos para tecnificar los 86 distritos de riego, rehabilitar las dos mil plantas de tratamiento que hoy trabajan de manera irregular, creando un banco de proyectos hidráulicos y hay que cobrar 150 mil mdp que se dejan de pagar anualmente en los 2,471 municipios, asentó.
Además, se pronunció por una legislación que clarifique que el vital líquido es un derecho humano, establecer la norma y compromiso parlamentario de que el presupuesto en agua debe ser progresivo, así como reconocer que el 77% de nuestros cuerpos de agua están contaminados.
Muñoz Álvarez también habló sobre la viabilidad de que las refresqueras y las cerveceras sean reubicadas al sureste de México, específicamente en el estado de Chiapas.
En tanto, la comisión de Recursos Hidráulicos del Senado comenzó a trabajar de manera coordinada con la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, para expedir la Ley General de Aguas. Para ello, plantearon realizar cinco foros regionales y que buscarían fomentar la cultura de la participación ciudadana mediante seminarios, conferencias y otros eventos.
El diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, acusó que se pospuso hasta el próximo año la discusión de la Ley General de Aguas en medio de presiones de refresqueras y grandes empresas que buscan una normativa «a modo» que no perjudique sus intereses económicos, con lo que quedará en vilo todo el tema de concesiones a mineras y a grandes empresas.
Ruptura en la Conagua y nuevo mandato presidencial sobre el tema del vital líquido
Tras la salida de Elena Burns como subdirectora general de Administración del Agua de la Conagua, por diferencias con el director de esa dependencia, se dio un cambio en la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de no modificar la actual Ley de Aguas Nacionales, pues le encargó a la ex funcionaria e impulsora de la Ley General de Aguas, elaborar una propuesta de reforma para el uso racional y la conservación del agua en el país, priorizando el consumo doméstico.
El mandatario se comprometió a dejar esto resuelto antes de que concluya su administración, con lo cual insertó el tema en las agendas parlamentaria y gubernamental, aun cuando no la tenía como prioridad legislativa y había dicho que no presentaría una iniciativa de reforma sobre el tema.
Sin embargo, López Obrador confirmó su postura de no afectar las concesiones de agua existentes en el norte del país y de que su gobierno no otorgará nuevas con fines industriales a fin de garantizar su uso para el consumo humano.
Al mismo tiempo, volvió a cuestionar que se les dé preferencia a las industrias, a las minas y a las cerveceras, mientras la gente no cuenta con el vital líquido o está tomando agua con arsénico por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, pues cada vez se tiene que extraer agua a mayor profundidad.
En cambio, reiteró que su gobierno facilitará instalar las nuevas plantas que consumen mucha agua en el sureste donde, argumentó, se cuenta con el 70 por ciento del líquido del país, ya que la intención no es obstaculizar la inversión ni la construcción de nuevas cerveceras y refresqueras, argumentó.
El Consejo Técnico de la Conagua designó al hasta entonces subdirector general Jurídico de la dependencia desde octubre de 2020, José Antonio Zamora Gayosso, como nuevo subdirector general de Administración del Agua, en sustitución de Elena Burns.
De acuerdo con la fuente oficial, el cambio se debió a que el organismo inició un proceso para “mejorar la atención a usuarios en materia de aguas nacionales, con la finalidad de implementar procesos que aceleren la instrumentación de medidas que contribuyan a abatir los rezagos en materia de concesiones de aguas nacionales».
Sin embargo, organizaciones defensoras del agua afines a la activista Elena Burns, denunciaron que la remoción se llevó a cabo de forma «arbitraria, injustificada y sin previo aviso” y acusaron que su salida fue por una decisión del director del organismo y no por acuerdo del Consejo Técnico de la Semarnat, por lo que demandaron al gobierno federal llevar a cabo “una limpia definitiva de intereses particulares” en el organismo, dejar de hostigar a los defensores del agua e impulsar la aprobación de la Ley General de Aguas.
Previo a su despido, la exfuncionaria había advertido que hay grandes intereses por la entrega de concesiones a privados. También, que la actual Ley de Aguas Nacionales fomenta la compra y venta de concesiones, fomentando la concentración del control de agua en manos de privados.
En su conferencia matutina del 7 de noviembre, el presidente López Obrador reconoció que el cambio derivó de que la investigadora tenía varias diferencias con el titular de la Conagua, quien tenía el encargó de limpiar de corrupción a la dependencia.
Como integrantes del colectivo Agua para Tod@s Agua para la Vida, Elena Burns y Pedro Moctezuma Barragán, coordinaron el proceso participativo de redacción de la Iniciativa Ciudadana para la nueva Ley General de Aguas Nacionales, la cual fue presentada ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados junto con representantes de pueblos, investigadores, organizaciones de todo el país y respaldada por cerca de 200 mil firmas de defensores del derecho humano al agua.
En su argumentación, estas organizaciones señalaron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la actual Ley de Aguas Nacionales han promovido los “abusos y el acaparamiento”, pues han sobreconcesionado el recurso hídrico en donde habitan el 66% de la población.
También subrayan que el 70% de las aguas concesionadas están en manos del 2% de los concesionarios y que la única manera de obtener acceso al vital líquido en gran parte del país es a través de la compra de concesiones de los acaparadores, los cuales incluyen Distritos de Riego, refresqueros, cerveceros, mineros, frackeros, inmobiliarias y bancos y bufetes que realizan avalúos para determinar el valor de concesiones de agua para las empresas titulares.
Su iniciativa, que argumentan “se encuentra actualmente en proceso de dictamen después de haberse consensuado con otras cuatro iniciativas más en la materia, presentadas ante la LXIV Legislatura”, plantea como principal objetivo la construcción del buen gobierno del agua a partir de garantizar el derecho humano al vital líquido, la toma de decisiones en instancias de cuenca democratizadas y el impulso a procesos de planeación vinculante para poner fin al acaparamiento y sobreconcesionamiento del agua, así como a la sobreexplotación de la misma.
También han acusado que la ley vigente erigió a la Conagua como “autoridad del agua”, sin contrapesos, y sometió las aguas de la nación a un sistema de concesiones, convirtiéndola en objeto de operaciones de compra-venta sin mecanismo alguno para garantizar el respeto a los derechos humanos, a los pueblos o al medio ambiente. De esta forma, la dependencia ha otorgado 538 mil concesiones de agua, 47% en violación de vedas.
Escenarios
A pesar del encargo que le hizo el presidente López Obrador a Elena Burns, del compromiso del diputado Rubén Muñoz de cumplir en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones el mandato de la SCJN de aprobar la Ley General de Aguas y de que el tema fue parte de las prioridades legislativas de Grupo Parlamentario de Morena en 2022, es poco probable que se apruebe esta legislación porque:
El Presidente no se ha pronunciado por una nueva legislación, sino por convencer a la gente y al sector empresarial sobre la importancia de cuidar el agua, no otorgar más concesiones a empresas privadas en estados afectados por la sequía y poner en orden las que actualmente existen, así como erradicar la corrupción y dar prioridad al consumo básico de las personas.
0. Las prioridades de la agenda legislativa estarán centradas en la discusión y aprobación del Plan B de la reforma electoral, además de la polarización en el Congreso por ese tema y por el proceso electoral del estado de México.
0. A pesar de que el tema ha sido muy discutido y hay varias propuestas de ley en ambas cámaras del Congreso, no hay un consenso entre los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias y las organizaciones sociales interesadas en el tema. Particularmente por las afectaciones que traería a la agroindustria y minería.
Al respecto, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ha dicho que en el Senado de la República no se va a tocar la reforma a la Ley de Aguas Nacionales hasta que haya un consenso de todos los partidos, razón por la cual canceló pasarla al pleno en 2022.
Y en la Cámara de Diputados, Rubén Múñoz también ha reconocido que no han podido llegar a los acuerdos políticos y técnicos necesarios para su aprobación en el plazo establecido por la SCJN.
0. El conflicto por el agua de 2020 en Chihuahua mostró la capacidad de respuesta de los agricultores, quienes emboscaron a cientos de integrantes de la Guardia Nacional y tomaron el control de la presa La Boquilla para evitar el pago de agua a Estados Unidos, a cambio de tener que sacrificar la cantidad para sus actividades agrícolas.
Una legislación contraria a las concesiones, los volúmenes de agua y el precio que actualmente pagan, desencadenaría conflictos sociales como este en varias partes del territorio nacional, incluso mayor al que pudiera darse con las empresas nacionales y transnacionales, además de que tendría un impacto económico que el Gobierno no querrá asumir.
0. El intenso cabildeo en el Legislativo por parte de los medianos y grandes concesionarios del agua.
Escenario tendencial
Para garantizar la aplicación de su política hídrica, enfrentar la sequía y la escasez del agua, AMLO encontró en los decretos presidenciales y negociaciones a manera de presión con los actores involucrados, la fórmula para que sus proyectos y políticas se lleven a cabo y contar con el agua concesionada en el momento en que lo requiera, como lo hizo en Monterrey el año pasado.
Con ello evitará el largo desgaste legislativo y mediático que traería el enviar una nueva reforma de ley, el cabildeo en contra, así como el riesgo de que su propuesta no sea aprobada ante la falta de consensos entre los distintos actores legislativos, gubernamentales, sociales y empresariales, lo que mantendría el tema en el limbo que ha estado desde 2012.
En todo caso, trabajaría por ambas vías, como lo hizo con la Ley para que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Sedena.
A la par, en las entidades federativas podrían aprobarse algunas legislaciones estatales encaminadas a resolver temas puntuales para el cuidado del agua y garantizar su acceso a la población, como sancionar a quien la desperdicie, la recolección y aprovechamiento del agua pluvial, la desprivatización en su suministro y cobro, fomentar el tratamiento del agua y su uso para algunas actividades, entre otras.
Escenarios catastróficos
Podría darse si la sequía en el norte del país se agudiza, particularmente en estados como Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Tamaulipas, Sonora y Nuevo León, a la par de que las refresqueras y cerveceras no aceptan medidas como parar su producción y otorgar el agua de sus concesiones para el consumo humano, ni la mayoría de los otros concesionarios acepta ceder a los actuales o nuevos volúmenes que los gobiernos federal, estatal y municipal les quieran imponer.
Ante este escenario, el Gobierno federal y los legisladores de Morena y partidos aliados, con el apoyo de las organizaciones sociales lideradas por la Coordinadora Nacional Agua Para Todxs, Agua para la Vida y el CEMDA, aprueban la Ley General de Aguas para garantizar a la población el acceso al agua, estableciendo en la misma:
● Garantizar su acceso como derecho humano y de manera equitativa.
● Cobrar derechos sustantivos a los grandes usuarios del agua.
● Eliminar el acaparamiento del agua, el sobreconcesionamiento y la sobreexplotación.
● Aplicar duras sanciones a quienes contaminan el agua y obligarlos a reparar el daño.
● Eliminar el despojo y la violación de derechos territoriales de los pueblos indígenas.
● Obligar a las industrias para que tengan sus propias plantas de tratamiento.
● Extinguir las concesiones donde haya intervenido error, dolo, vicio o información falsa en sus procesos de otorgamiento.
● Revocar las grandes concesiones en donde el titular haya incumplido con su obligación de medir, pagar derechos o respetar la normatividad de las descargas.
● Poner un límite al volumen de agua que se pueda concesionar.
● Crear instancias de cuenca democratizadas, con la participación de las comunidades en la gestión del agua.
● Revisar los títulos caducos y los dictámenes técnicos.
● Actualizar los reglamentos de los distritos de riego.
● Dar a la Conagua y a los gobiernos estatales y municipales herramientas para intervenir y sancionar en caso de incumplimientos y para que garantice el respeto a los derechos humanos, a los pueblos y al medio ambiente.
Entre los principales afectados con estos cambios estarían las industrias refresquera, cervecera, minera, frackeros, inmobiliarias, los bancos y los distritos de riego.
En este escenario, los medianos y grandes productores se unirían contra la nueva legislación, generando conflictos sociales que saldrían de control, pues rebasarían la capacidad de respuesta de los tres niveles de gobierno, como pasó en Chihuahua hace dos años.
Por otra parte, con la suspensión o disminución de actividades por parte de las empresas, se lanzaría al desempleo a miles de trabajadores y se romperían cadenas productivas con un alto costo económico y social para el país, lo cual seguramente ya ha sido considerado por el presidente López Obrador y buscará evitarlo.
Además, quitar o disminuir los volúmenes de agua a los distritos de riego afectaría las cosechas y producción de alimentos, generando otro frente al gobierno federal, particularmente cuando una de sus grandes apuestas es lograr la autosuficiencia alimentaria.
En otro de los escenarios, se corre el riesgo de emitir una legislación laxa, escasamente discutida y poco consensuada con la industria, así como con sesgos ideológicos y sin las herramientas ni el presupuesto suficiente para implementar las nuevas disposiciones..
