Con una adecuada y exitosa integración digital en las plataformas gubernamentales se podría contribuir con nueve de los once compromisos fijados para el combate a la corrupción en México, aseguró Juan Luis Tovar, director de de Operaciones InGob, empresa dedicada a brindar soluciones de Gobierno Electrónico.
Integrantes de la sociedad civil organizada participaron en el debate generado dentro del “Laboratorio Anticorrupción. Caso Michoacán”, donde continuaron las ponencias en las que se proporcionan herramientas para generar líneas de acción en combate a la corrupción desde Michoacán.
En esta ocasión, los asistentes a la ponencia “Nuevos Esquemas de Innovación y Eficiencia en la Administración Pública. Gobierno Electrónico” conocieron sobre el avance y los retos de México en cuanto a la inversión tecnológica, así como lo que la modernización del internet dentro de la función pública detonaría para un combate a la corrupción.
Juan Luis Tovar comparó la modernización tecnológica que tienen otros países con México y puntualizó que hay gobiernos que hacen cruces de información de sus funcionarios públicos a través de plataformas totalmente sustentables para la captación de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, a través de las que se emiten alertas de posibles actos de corrupción conforme a los datos proporcionados por sus ingresos públicos y privados.
Conforme a datos de 2018, después de Uruguay y Chile, México ocupa el tercer lugar en Latinoamerica y el 76 a nivel mundial en velocidad de internet con una capacidad de 5.9 MB, siendo Baja California Sur, Sonora y Baja California Norte los que mayor conectividad presentan, en tanto que Michoacán se encuentra en los últimos lugares del país, junto con Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tlaxcala.
Para los integrantes de la sociedad civil organizada los datos proporcionados por el especialista en tecnología, muestran un desafío en la eficiencia tecnológica dentro de las administraciones municipales y estatales, pues están seguros de que con esta modernización se podrían reducir actos de corrupción en distintas esferas y a diferentes niveles, haciendo visibles los resultados de auditorías hechas a recursos públicos, publicando voluntariamente la 3 de 3 de los casi 70 mil servidores públicos de la administración estatal, unificando el patrón de beneficiarios de servicios públicos, los requisitos para proyectos de infraestructura se establecerían y se permitiría impulsar la Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas, así como tener en tiempo real los movimientos de pasivos, pagos pendientes y obras inconclusas vía internet, la reducción en trámites de ventanilla iría al mínimo con la realización de compras mediante Compra Net y con ello tendría su fin el archivo de papel que realizan las dependencias gubernamentales, lo que implica la limitación de uso de efectivo captando electrónicamente los manejos financieros de funcionarios y sociedad civil, haciendo más sencilla la forma de detectar irregularidades financieras de algún sujeto ante posibles actos de corrupción.
Los ciudadanos concluyeron que para el combate a la corrupción se debe echar mano del avance digital, por ello es prioritario la actualización tecnológica en el país y lograr que ésta sea una herramienta de combate a la corrupción; además, es necesario redoblar esfuerzos en conectividad, avanzar en la formación de habilidades digitales para creatividad e ingenio desde la niñez como ya lo hacen países en constante evolución tecnológica, facilitar la conversión a la economía digital, pues ello reduciría el manejo de efectivo y permitiría detectar organizaciones de lavado de dinero.
Finalmente, reconocieron los desafíos que enfrenta el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) si se toma en cuenta que los últimos datos señalan que el año anterior el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) se destinó a la tecnología, en promedio 17.4 hogares mexicanos cuentan con internet, pero una de cada dos familias hay un equipo de cómputo cuando el 93.2 por ciento de los hogares tiene un televisor, además de que el 18 por ciento de las escuelas públicas en el país pueden acceder a internet, pero desafortunadamente se mantiene en una incertidumbre digital desde hace dos años, pues no se conoce una Estrategia Digital Tecnológica fundada desde la autoridad federal.
