El colectivo de mujeres integrado por organizaciones y funcionarias puso sobre la mesa la urgencia de eliminar el discurso de odio, violencia y discriminación del lenguaje de los funcionarios públicos en todos los niveles, aseguran que las declaraciones de Mireles trastocan la integridad de mujeres que viven en condiciones de concubinato tanto a nivel local como a nivel nacional.
Se tiene que poner una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, Mireles se tiene que apegar a la ley de servidores públicos y si éstos tienen estas conductas, son sujetos de sanciones y quizá hasta a la destitución, consideró Circe López Riofrío, quién desde la asociación Humanas sin Violencia afirmó que se estará actuando más allá del pronunciamiento que se realizó en contra del funcionario federal, por las declaraciones misóginas y denigrantes que realizó en contra de las mujeres.
En entrevista con medios, la activista mencionó que desde poner una queja, pronunciarse, hasta mandar los oficios que sean necesarios, será parte de lo que se emprenda ante la situación.
Indicó que se tiene que seguir el procedimiento, pues la ley en lo respectivo a una vida libre de violencia, señala la violencia institucional, por lo que Mireles Valverde representa esa violencia “que a su comprensión de una posición misógina e ignorante, hace las aseveraciones”, no sólo en contra de las mujeres sino también en contra de la comunidad LGBTTTI.
El derecho a la salud es un derecho fundamental protegido por el ley, en el Cuarto Constitucional, por lo que dijo, hay muchos elementos jurídicos para hacer la queja ante la “inoperancia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, hay, insistió, muchos mecanismos para plantear la inconformidad.
Para López Riofrío las expresiones de violencia de género han ido en aumento desde la llegada del actual gobierno federal, y a pesar de que considera no habrá ningún eco ante las manifestaciones que se viertan en contra de Mireles, será necesario utilizar todo tipo de mecanismos para que haya sanciones a nivel federal.
La falta de política pública es evidente, resaltó, pues sigue inexistente desde los ámbitos institucionales con los temas de violencia de género.
Sin duda, finalizó diciendo, se realizarán las acciones legales que se requieran.
